En este pobre país nuestro siempre tan dado al escapismo folclórico, resulta que las grandes cuestiones de Estado han pasado a constituir una prerrogativa municipal, otra materia más sometida al ponderado y juicioso arbitrio de concejales de pueblo, alcaldes pedáneos y parejas jerarquías locales de similar calado político. En consecuencia, el deber que estos días pugnan por eludir Rajoy, Cospedal, Montilla, Barreda y demás sacrificados estadistas, habrá de asumirlo el Antonio Garisa de turno en algún remake urgente de Bienvenido Mister Marshall.
Y es que la viabilidad del suministro eléctrico de la Nación ha devenido potestad exclusiva de un puñado de ayuntamientos tirando más bien a desolados. Así, un asunto estratégico en todas partes, ése de los residuos nucleares, ocupa en España idéntico rango administrativo y moral que la inspección de los puestos ambulantes de frutas y hortalizas, las multas por tender ropa en la calle, o las ordenanzas urbanas de ciclomotores. Cosas veredes, que decía el clásico.
Y aún gracias. Que, entre nosotros, si no llega a ser por el alcalde de Móstoles a estas horas aún andaríamos pendientes de que los Borbones encontraran el momento de declararle la guerra al francés. Igualito que ahora con la heces radiactivas, huelga decir. Un respeto, pues, por el Ilustre Consistorio de Ascó, que, además de los colores, le ha sacado las castañas del fuego a la clase política más oportunista del universo mundo.
Esa mezquina cofradía de afanes particulares, siempre incapaz de elevarse sólo un palmo por encima de su propia miseria con tal de servir a al interés general. Un reflejo más que fiel, por lo demás, del pretencioso club de nuevos ricos que la ha elegido. El mismo que ya ha premiado con 630 millones de euros a Francia para que esa menesterosa república de indigentes y carpantas acoja la basura nuclear que genera sólo una de sus centrales atómicas, la de Vandellós.
Es sabido: la única diferencia fáctica entre un político y un diletante cualquiera reside en que el primero está condenado a tomar decisiones; decisiones públicas de las que restará obligado a responder ante la gente. Ésa constituye la justificación primera y última del empleo que ocupa. De ahí, en fin, que nadie debiera perder su tiempo preguntando a Rajoy por quién doblan las campanas de Yebra.