Allá por 2008, hace apenas dos años, el PSOE entraba en campaña electoral con un llamativo eslogan: "La octava potencia económica, la primera en derechos sociales". Más adelante, y tras el baño de realismo que significó el reconocimiento de la existencia de una crisis, rebajaron un poco sus triunfales expectativas y prometieron tan sólo que la salida de la crisis no acarrearía un recorte de los mal llamados "derechos sociales".
Con este absurdo pretexto, criminalizaron a todos aquellos políticos, economistas y ciudadanos en general que primero alertaron sobre la llegada de una crisis y más tarde propusieron recetas que diferían radicalmente de las implementadas por el Gobierno. Así, se bloqueó cualquier reforma laboral que aliviara la acelerada destrucción de empleo, delegándosela primero al imposible acuerdo entre sindicatos y patronal y congelándola después en medio de la demagogia más extrema.
Consecuencia de esta obcecación socialista, en los últimos años se han destruido más de dos millones y medio de empleos, disparando el déficit público hasta unas tasas pocas veces vistas en nuestra historia y acelerando las contradicciones internas de uno de esos pilares de un Estado de bienestar en el que cada vez se generaliza más el malestar: el sistema público de pensiones.
La Seguridad Social se basa, como es sobradamente conocido, en un sistema de reparto por el cual los jubilados actuales perciben sus pensiones no con cargo a lo que fueron contribuyendo a lo largo de su vida laboral, sino de las cotizaciones de los trabajadores actuales. Se trata de una organización piramidal que está condenada a desmoronarse en algún momento –esto es, o a incrementar las cotizaciones que han de pagar los trabajadores o a reducir las pensiones que perciben los pensionistas– y que por tanto no puede asegurar de manera sostenible el bienestar de las clases trabajadoras (pese al mito de que son la máxima expresión de la "solidaridad intergeneracional").
Muchos y diversos economistas de todos los signos –algunos de los cuales incluso terminaron integrando el Gobierno de Zapatero tras renegar de sus ideas– vienen advirtiendo desde hace varias décadas de estos riesgos, agravados especialmente en España por una evolución demográfica caracterizada por el fuerte ritmo de envejecimiento poblacional.
El PSOE nunca dudó en atribuir a la derecha el fantasma de querer despojar a los jubilados de sus pensiones, azuzando un pánico infundado mediante el que cosechar votos. Es poco probable que el PP en algún momento se haya planteado seriamente la posibilidad de transitar hacia un sistema de capitalización –donde el patrimonio de los asalariados crece de manera exponencial hasta el momento en que deciden jubilarse–, pero en cualquier caso ninguno de los planes que estudian cómo implementar este cambio contemplan la posibilidad de despojar de sus derechos ya devengados a los pensionistas. Más bien se trata de ir desmontando el sistema poco a poco, evitando que nuevos trabajadores pasen a integrar este timo piramidal.
Pero lo cierto es que quien ha terminado por rebajar las pensiones (al incrementar el período de cálculo de las mismas hasta toda la vida laboral) y por retrasar su cobro han sido los propios socialistas que hasta hace poco insultaban a quienes pronosticaban –incluso dentro de sus filas, como ilustra el caso del socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez– que tal escenario devendría inevitable debido a las desnortadas políticas económicas que estaba siguiendo el PSOE.
Y es que no conviene olvidar que a este punto hemos llegado por la negativa estructural de los socialistas a sustituir el actual sistema de reparto por uno de capitalización y por su oposición coyuntural a reformar el mercado laboral.
Al final todo está sucediendo tal y como era de esperar: el sistema público de pensiones nos lleva a trabajar más para cobrar menos. Ese debe ser el paradigma de derechos sociales por los que tantos golpes en el pecho están acostumbrados a darse los socialistas.