La semana que termina ha sobrepasado todos los límites de lindezas, ofensas y abusos, que un equipo de Gobierno, el económico del señor Rodríguez Zapatero, puede infligir a un pueblo honesto que sólo aspira a vivir en paz y tranquilidad, y, a ser posible, con algo que llevarse a la boca para cumplir con el trámite de la alimentación.
Como en pocas ocasiones, me atrevo a decir que ha habido de todo: mentiras, ridículos, explicaciones que contradicen lo que pretenden aclarar, contradicciones a lo manifestado por la autoridad superior y, en definitiva, desprecio al pueblo español al que, cuando menos, los maledicentes deberían de estar agradecidos pues su vida, injustificadamente acomodada, lo es gracias al sacrificio de ese pueblo innominado pero real que soporta una carga fiscal que le ahoga hasta el extremo.
Todo, además, se ha producido en aspectos de gran sensibilidad para los ciudadanos de a pie: sembrar de inseguridad la seguridad que ellos creyeron comprar mediante la cotización a una costosísima y mal llamada Seguridad Social, durante todo el trecho vital de su actividad productiva.
Aunque todos los estudios y las opiniones de todos los expertos eran coincidentes, desde hace más de cuatro lustros en que el sistema público de pensiones era insostenible financieramente –algo se trató de hacer en el Gobierno de Felipe González al ampliar el período de los últimos cinco años cotizados para el cálculo de la base reguladora, vigente hasta el momento, a los quince años últimos para el mismo fin– el Gobierno de la nación, con su flamante presidente a la cabeza, juraban y perjuraban que no había peligro alguno de solvencia del sistema, y que era una alarma infundada y deliberadamente perversa la que estaba lanzando tales infundios para debilitar políticamente al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero.
El ejercicio del engaño se repetía empecinadamente una y otra vez hasta agotar la capacidad de entender y la serenidad para analizar de ese pueblo sufriente, por parte de un Gobierno que sobre él había caído, como si de una octava plaga se tratara, al modo a como lo fueron las siete anteriores sobre Egipto.
La abundancia en mensajes y en declaraciones a los medios de los miembros del Gabinete, llegaron a niveles francamente abusivos. Abusivos en cuantía, pero sobre todo abusivos en contenidos contradictorios, claramente apreciables entre presidente y vicepresidentes/as, entre estos/as y los ministros/as, entre la representación de cada Ministerio y sus Secretarías de Estado o Direcciones Generales. En fin, un totum revolutum que dejaba ante los ojos de la población la más cruda de las realidades: que nadie se aclara en eso de la función de gobernar, que no existe una autoridad que sepa lo que pretende hacer y hacia dónde dirigirse y que, a base de marear hasta la saciedad, conseguirá narcotizar a los ciudadanos eliminando su capacidad de reacción.
Cómo serán las cosas que el señor presidente, aquel que no se enteró de que había crisis ni recesión sino que, cuanto más, se trataba de una ralentización del crecimiento, se ha enterado, por fin, en un viaje a Bruselas de que el sistema de pensiones de la Seguridad Social no aguanta más y que allí le han dicho que tiene que hacer algo. Ante esa requisitoria, improvisa las promesas para que se queden tranquilos los interlocutores, siendo su voluntad la de posponer la edad de jubilación de los sesenta y cinco a los sesenta y siete años, así como de ampliar el período actual de los quince años últimos de cotización para calcular la base reguladora, a los veinticinco últimos años cotizados, lo cual, entre uno y otro puede suponer un ahorro al sistema, es decir un menor pago al pensionista de, aproximadamente, un veinte por ciento.
Pues bien, al tiempo que el señor Rodríguez Zapatero se manifiesta así ante los colegas de la Unión, su ministro Sr. Corbacho pontifica, pues cuando habla lo hace ex cátedra, que "las cuentas de la Seguridad Social tienen una salud y hierro". Lo sorprendente de esto, es que el desmadre es de tal naturaleza que no pasa nada. El ministro no dimite y el presidente no le cesa. Por otro lado, la vicepresidenta económica manda con urgencia una propuesta motivada a Bruselas para dar oficialidad a lo que su jefe había comunicado improvisadamente, propuesta que tiene que desmentir apenas pasadas cuatro horas, porque a algún sindicalista no le ha gustado, y ya se sabe, ante los sindicatos, genuflexión, aunque seamos laicistas. Si ya lo hemos dicho muchas veces, que quien no adora a Dios acaba adorando al becerro, de oro o de lo que sea.
Mientras tanto, muchos que esperan percibir su pensión en los próximos años, y muchos de los que ya son perceptores, se pasan las noches en blanco preguntándose qué será de sus vidas ante tantos juegos malabares, tanta falsedad y tanto engaño. Y no lo olvidemos, nuestro presidente es el que más ha cacareado que los derechos de los trabajadores, y los derechos sociales en general, no sólo serán respetados escrupulosamente, sino que serán ampliados en su cuantía. Seguramente, cada vez que ha dicho esto, estaba ya pensando por donde podía restringirlos que se notara menos. ¿Qué pasaría si una aseguradora privada modificara los derechos adquiridos en perjuicio de sus asegurados?
Frente a esa restricción, nuestros parlamentarios, que gozan de largas vacaciones y en muchos casos de ofensivas ausencias habituales, adquieren el derecho a percibir la pensión máxima con la cotización durante sólo siete años, plazo muy corto si se compara con los ciudadanos ordinarios del sistema, que trabajando todo el calendario laboral del año, tienen que cotizar treinta años en el grupo más alto, para tener el mismo derecho. ¿Un escándalo? Sí, ya lo sé, pero son ellos los que hacen las leyes. Para salir al paso, el presidente del Senado se ha pronunciando, aumentando el escándalo, aclarando que no se trata de unprivilegiosino de unaexcepcionalidad. Yo, con todos mis respetos, me atrevería a decir que cuando la excepcionalidad es favorable, estamos claramente ante un privilegio; sin eufemismos ni juegos de palabras.