Los sindicatos de clase (alta) nunca han defendido los intereses de los trabajadores y menos aún de los jubilados españoles, así que esta protesta callejera anunciada contra la medida del Gobierno de retrasar dos años la edad de jubilarse no es precisamente una excepción.
Dicen los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios, dentro de la insignificancia que refleja la afiliación sindical en nuestro país, que el objetivo es que ZP dé "un pasito atrás". Es decir, el objetivo es seguir apoyando el sistema público de pensiones, que en pocas palabras es la mayor estafa y el latrocinio más cruel que ningún estado ha puesto jamás en marcha contra sus ciudadanos, y lo único que piden a Zapatero es que matice un poquitín su decisión de seguir esclavizando a los trabajadores, situación ésta con la que nuestros sindicatos están absolutamente de acuerdo.
A los trabajadores se les obliga a entregar al Estado una porción mensual de sus ganancias legítimas, a cambio de que cuando ya no sean útiles para la economía productiva el Gobierno de turno les devuelva unas migajas, siempre que quede algo que repartir llegado el momento de su jubilación, claro. Cualquier trabajador acumula a lo largo de su vida un capital en cotizaciones sociales más que suficiente para disfrutar de una vejez confortable. Es un dinero que le pertenece, que ha ido entregando mes tras mes, y que el Gobierno dilapida con absoluta desvergüenza, en virtud de un proceso de reparto que acumula en sí mismo todas las características que definen a una situación como injusta, insolidaria e inmoral.
La izquierda en general, y los sindicatos en particular, deberían ser los primeros en denunciar la estafa piramidal que supone el actual sistema de previsión social por el daño que provoca en las clases más desfavorecidas. Sin embargo, son los que con más entusiasmo defienden un sistema que roba a los trabajadores el fruto de su esfuerzo, asustándolos con la absurda amenaza de que fuera de la Seguridad Social, tal y como está concebida, serían presa de la miseria.
Al contrario. El infortunio de los trabajadores es precisamente verse privados de su derecho a disfrutar en el ocaso de sus vidas del dinero que han ido acumulando mientras han formado parte del mercado de trabajo. Sólo hay que examinar cualquier otra alternativa para darse cuenta inmediatamente de que el sistema de pensiones es un robo que, encima, otorga a los políticos el poder de determinar el futuro de los pensionistas en función de sus cálculos electorales.
Los sindicatos, supuestos defensores de los trabajadores, no son más que los cómplices necesarios de la clase política para seguir manteniendo el embeleco de un sistema destinado a quebrar, no sin antes haber vaciado meticulosamente el bolsillo de los futuros perceptores. Si tuvieran vergüenza exigirían una reforma profunda del sistema de pensiones para realizar una transiciónal modelo de capitalización, el único que realmente es justo, solidario y decente. Por cierto, no podrían haber elegido mejor fecha para manifestarse que el 23-F. Tratándose de un ataque a la libertad de los ciudadanos es, desde luego, el día más indicado.