Ya hemos manifestado en numerosas ocasiones que un país serio y responsable no debería ceder al chantaje de los terroristas para obtener ningún tipo de contraprestación. Es una lección que los españoles tenemos bien interiorizada en el caso de ETA, pero que parece estamos olvidando a marchas forzadas con el terrorismo allende nuestras fronteras.
Al fin y al cabo, los criminales secuestran para obtener unos determinados resultados. Satisfacerlos no significa solamente ceder ante el mal, sino también crear los incentivos para que en el futuro vuelvan a intentarlo. Se trata de un círculo vicioso que en algún momento tiene que cortarse, puesto que si siempre que se produce un secuestro, los delincuentes terminan logrando sus fines, los secuestros sólo crecerán en número, intensidad y brutalidad hasta engullir a toda la sociedad.
En poco más de un año, el Gobierno ha pagado los rescates de los pesqueros del Playa de Bakio y del Alakrana, lanzando a todos los delincuentes internacionales el mensaje de que España padecía una Administración carente de convicciones, principios y resolución para emplear la fuerza en la defensa de sus ciudadanos. Todos los terroristas saben que generando la suficiente tensión, los socialistas siempre terminan cediendo.
Y, como no podía ser de otro modo, al pago de un rescate le sucedió otro secuestro, y a éste otro pago más otro nuevo secuestro. Habrá muchos que se nieguen a aceptar la conexión lógica entre las tres situaciones, pero es una mera cuestión de palo y zanahoria: un Gobierno no puede sustituir al Ejército por las transferencias bancarias a la hora de combatir a los terroristas.
La liberación de la cooperante Alicia Gámez, siendo una gran noticia desde el punto de vista personal, supone un nuevo fracaso de la política exterior y de defensa del Ejecutivo español. La sospecha de que el Gobierno ha operado en este caso como en los anteriores, esto es, que ha pagado el rescate, es demasiado grande como para descartarla por una simple filtración de un comunicado de los terroristas en los que se sostiene que Gámez se ha convertido al islam. Difícilmente podemos confiar en las devaluadas palabras del Gobierno negando cualquier rescate, cuando se ha acreditado como un especialista en la mentira y cuando los socialistas también trataron de ocultar en su momento que pagaran los rescates del Playa de Bakio y del Alakarana.
Todo apunta a que el Gobierno ha tenido un papel más directo en el rescate que aquel que nos quieren hacer ver. Un cambio de pose que, sin embargo, no modifica la esencia de que el Gobierno sigue sin emplar los poderes del Estado para defender a los españoles dentro y fuera de nuestros territorios. Puede que a los ciudadanos se les oculte la verdad, pero los terroristas sin duda sabrán cuál ha sido, de nuevo, la actitud y la firmeza del PSOE en este caso... y actuarán en consecuencia.
Si se les ha entregado dinero a cambio de la liberación de los cooperantes, no sólo habrán logrado más recursos con el que cometer sus crímenes, sino que tendrán una razón más para continuar atentando contra los españoles. Y, de hecho, ahí está el caso del secuestro del pesquero Sakoba en las costas de Somalia como un nuevo ejemplo de cómo la negativa a defenderse multiplica los riesgos de ser atacado.
A estas alturas, tras más de medio siglo de terrorismo etarra y tras haber recibido sufrido la declaración de guerra del islamismo, debería resultar evidente que al crimen se lo debe combatir y que no caben medias tintas a la hora de detenerlo. Por desgracia, nuestro Gobierno sigue inmerso en la filosofía de la no violencia y de una Alianza de Civilizaciones que sólo sirve para que los malvados campen a sus anchas llenándose el bolsillo mediante el crimen contra Occidente. Una mala solución a corto plazo que sólo multiplica nuestros problemas a medio y a largo.