La reentré de Semana Santa se ha visto sacudida con una Grecia sometida a una presión sin precedentes en la Unión Monetaria Europea. La falta de confianza en las políticas económicas griegas ha intensificado la fuga de capitales de los residentes. Algunos hablan de más de 3.000 millones de euros sólo en el pasado mes, lo que ha puesto a la banca griega en un serio aprieto al ver que sus depósitos se desinflan. El diferencial del bono heleno a diez años contra el alemán se ha elevado a 460 puntos básicos y los CDS (seguro contra el impago de la deuda) a más de 470. A lo que hay que añadir las enormes necesidades de financiación de la economía griega en las próximas semanas: por encima de 10.000 millones de euros. Es decir, con los precios indicados se teme que el Gobierno griego no pueda pagar sin recibir ayuda.
Planean, por tanto, dos posibles escenarios: bien el impago, bien recibir ayuda externa. Los países europeos y el FMI están dispuestos a ayudar a Grecia, pero es, según parece, el país heleno el que se resiste a las duras condiciones del Fondo cuya delegación acaba de llegar a Atenas. Enfrentada esta postura, aparece pues o el fantasma del impago o el otro camino alternativo, la devaluación de la divisa griega saliendo del euro. En efecto, aunque las devaluaciones nacionales han sido proscritas por la Unión Monetaria Europea, como ya hemos analizado en otras columnas, hasta este momento el euro no se había puesto a prueba.
La crisis helena es la primera gran prueba de fuego sobre el euro y su efecto ha sido inmediato: el euro se ha debilitado en torno al 1,32 contra el dólar estadounidense. Provocando efectos colaterales inmediatos y de ahí que el bono español frente al alemán haya vuelto a sus andadas con un diferencial de unos 90 puntos básicos.
Obviamente, nuestro Gobierno está siendo abocado a reaccionar, consciente de la presión sobre la zona euro y el posible contagio de la crisis griega a España. Precipitadamente se han anunciado una batería de medidas que van desde la iniciativa sobre el coche eléctrico, al plan de infraestructuras, pasando por la ley de economía sostenible, la ley anti-blindajes (apéndice a la de auditorias) y hasta el Pacto de Zurbano. Algunas de estas medidas no son malas. Ya hemos tenido ocasión de comentar sobre la ley anti-blindajes, fundamentalmente correcta, y la necesidad de modificarla progresivamente con el fin de que las empresas lo puedan asimilar, lo que parece va a tener lugar ya que sólo entrara en vigor un año después de su publicación en el BOE.
Sin embargo, no se han presentado las medidas de calado que la economía española precisa para retomar una senda de crecimiento potente. La reforma del mercado laboral sigue perdida en el limbo y la próxima semana, según los pronósticos más solventes, se ratificarán unas tímidas reformas que en modo alguno servirán para acotar las altas tasas de paro españolas. El gasto público tampoco parece importarle al Gobierno; es llamativo que una de las pocas medidas de interés del Pacto de Zurbano, el recorte del gasto en las empresas publicas y en las comunidades autónomas, ha quedado excluida de la última versión del mismo. Tendremos ocasión de analizar lo que esto supone en futuras columnas.
En definitiva, las medidas presentadas no sirven para parar el maremoto que avanza y se divisa con nitidez. Todos los indicadores están al rojo vivo y ya sólo queda decir: Sr. Rodriguez Zapatero, prepárese. El resto de los españoles, a fecha de hoy, no tenemos opción.