Todos los analistas coinciden en que la situación del país heleno es insostenible. Con una deuda pública del 115% del PIB y con unos pagos previstos para los próximos días de 10.000 millones de euros (más del 4% de su PIB) parece claro que el Gobierno griego será incapaz, por sí solo, de hacer frente a sus obligaciones. La cuestión parece estar más bien en si se producirá algún tipo de intervención o rescate externo que auxilie a los helenos o si, por el contrario, suspenderán pagos.
En principio el FMI ha mostrado su disposición a ayudar a los griegos tal y como ha hecho desde finales de 2008 con países tan variopintos como Islandia, Hungría, Letonia o Ucrania. Sin embargo, por ventajosas que resulten las condiciones de los préstamos del Fondo Monetario (que se producen a tipos de interés muy por debajo de mercado) no son ni mucho menos gratuitas. El FMI quiere asegurarse de que no está despilfarrando el dinero y de que aquellos países a quienes refinancia tendrán en el futuro una mayor holgura tributaria para amortizar el préstamo. De ahí que suela imponer un draconiano plan de ajuste a aquellos países intervenidos, consistente en hacer en muy pocos años todo lo que deberían haber hecho esas economías en décadas: reducción enérgica del gasto público (con todo lo que ello implica sobre el número y el sueldo de los funcionarios o las transferencias de renta), aumentos de impuestos y reducción de salarios para recuperar la competitividad.
Condiciones muy duras que normalmente las economías se niegan a cumplir. Como han estudiado en extenso Carmen Reinhart y el ex economista jefe del FMI Kenneth Rogoff, a lo largo de la historia las quiebras soberanas se han producido no porque los gobiernos no pudieran articular ninguna medida para devolver su dinero a sus acreedores extranjeros, sino porque el coste social de hacerlo era tan elevado que elegían directamente el preferían impagar. Una irresponsabilidad que, por cierto, esas economías arrastran durante décadas al verse expulsadas de los mercados crediticios internacionales, con el indudable coste en términos de crecimiento y prosperidad a largo plazo que ello acarrea.
El Ejecutivo griego está en esa dinámica: ni sus políticos ni una mayoría de griegos parecen entender en la dramática situación en la que se encuentran. Por ello, han rechazado el plan del FMI para rescatarlos que era bastante más laxo que el de Alemania. Parece que han confiado su suerte a la providencia, pues ni han realizado ajustes ni creen en la necesidad de hacerlo. De ahí que en unos días Fitch haya rebajado la calificación de su deuda a la categoría de bono basura, se haya producido una enorme huida de capitales del país y el coste de su deuda pública haya subido al 7%, cotas casi insostenibles para las economías modernas, en especial para los niveles de endeudamientos griegos.
Desde España no deberíamos contemplar la tragedia helena con distancia, como si no fuera con nosotros. Es cierto que Grecia no es España, pero España va camino de ser Grecia. Es un error pensar que los inversores internacionales discriminarán, ante un eventual impago griego, entre la deuda helena y la española. Las cosas no funcionan así: la crisis mexicana de 1994 se trasladó rápidamente a Argentina y la tailandesa de 1997 se generalizó a casi toda Asia, pese a que el "cuadro macroeconómico" de cada uno de esos países era muy variopinto. En el fondo, sin embargo, todos formaban parte de una misma economía con condiciones subyacentes muy similares e interrelacionadas, de modo que si México o Tailandia impagaban no era improbable que a medio plazo lo hicieran el resto de países de su entorno.
Con Grecia y España sucede algo parecido. Puede que España tenga un endeudamiento público que sea aproximadamente la mitad del heleno, pero la economía española está en coma profundo. No se trata, como piensa o dice pensar Zapatero, de que nuestros niveles de deuda sean comparativamente bajos, sino de que somos una nación sin capacidad para generar ingresos suficientes con los que amortizar la deuda: casi cinco millones de parados, una economía en recesión, una clase política incapaz de tomar decisiones necesarias e impopulares y unos sindicatos irresponsables dispuestos a alentar a la rebelión social.
A principios de febrero los mercados financieros nos dieron un primer aviso: o España cambiaba drásticamente de rumbo o los capitales no sólo no entrarían sino que saldrían de nuestro país. Zapatero y Salgado emprendieron un tour propagandístico por Reino Unido y Estados Unidos para tratar de convencer a los inversores de que eran conscientes de la delicada situación de la economía y que estaban decididos a tomar las medidas necesarias: reducción en 50.000 millones del gasto público y reforma del sistema laboral y de pensiones. En otras palabras, los socialistas prometieron hacer algo así como un plan de ajuste del FMI poco a poco, evitando unas brusquedades que nuestra economía no requería y que probablemente no digeriría.
Para sacar adelante un proyecto de semejante envergadura se requería un amplio consenso social que se bautizó como el pomposo nombre de Pacto de Zurbano, como tratando de rememorar los Pactos de la Moncloa. Ayer supimos que habrá consenso en Zurbano, pero no para sacar adelante las grandes reformas que necesita nuestra economía, sino para lavar la imagen del Gobierno. Ni reforma laboral seria, ni reducción drástica del gasto público ni cambios en el sistema de pensiones.
Es posible que Zapatero pueda permitirse seguir mareando la perdiz. Al fin y al cabo nuestros políticos tienen importantes prebendas garantizadas. Pero la economía española no puede. El caso griego lo acredita: cuando una economía en crisis se topa con una camarilla de políticos irresponsables, el resultado es catastrófico. El problema es que se nos está acabando el tiempo: si Grecia no acepta ser rescatada, los inversores volverán a mirar con desconfianza a España. Y esta vez puede que no haya giras internacionales que valgan.