A esta crisis económica solemos llamarla crisis financiera, o también crisis inmobiliaria, pero tal y como están evolucionando las cosas, con lo que está sucediendo y con lo que hacen, o dejan de hacer, unos y otros, sería mucho más propio bautizarla como la crisis ZP. No sólo por la responsabilidad del Gobierno en la génesis de la misma, que la hay, sino porque el presidente ha conseguido que el Ejecutivo no sólo sea parte del problema, en lugar de la solución, sino porque al anteponer la ideología, el marketing y el electoralismo a la realidad, se está convirtiendo en el principal factor que va a explicar su intensidad y su larga duración.
El Gobierno sigue sin querer aceptar que, tenga su origen en el sector inmobiliario o en el financiero, la clave para superar la crisis o, al menos, la más importante, se encuentra en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque en España por cada punto que ha caído el crecimiento económico la tasa de paro se ha incrementado mucho más que en la Unión Europea, y eso tiene graves consecuencias tanto para la crisis en sí como para su solución. Cuanto más empleo se destruya, más se amplía el déficit público porque se recauda menos por impuestos y hay que pagar más dinero por prestaciones sociales. Cuanto menos pueda gastar la gente, porque está en paro, menos se va a restablecer la actividad de las empresas. Cuantas más dificultades tengan las familias para llegar a fin de mes y atender sus pagos, más va a crecer la morosidad de la banca y de las cajas de ahorros y más se van a agravar los ya de por sí más que serios problemas del sector financiero. Por tanto, lo que suceda en el mercado de trabajo no sólo es importante por lo que de drama social representa, sino porque en la solución de este problema está también parte de las de los demás relacionados con la crisis.
El mercado de trabajo español, sin embargo, no está a la altura de las circunstancias. A pesar de que llevamos ya más de treinta años de democracia, la normativa que lo regula sigue siendo la compuesta por las reglas de juego que estableció el franquismo, intervencionistas a más no poder y que impiden que la realidad laboral se adapte a la económica, con consecuencias desastrosas en términos de paro. Así se explica que el desempleo en nuestro país se haya ido por las nubes mientras que en otros Estados miembros de la UE, que han sufrido con mayor intensidad los embates de la crisis financieras, las tasas de paro no llegan ni de lejos a los niveles de escándalo que han alcanzado en España. La reforma laboral, por tanto, no es una cuestión ideológica, sino una necesidad para salir del tan negro como profundo abismo en que hemos caído. ¿Qué hace el Gobierno al respecto? Negarse a tomar las medidas que hay que tomar porque en ZP priman más los componentes ideológicos y electoralistas que los intereses generales.
La última prueba de ello la tenemos en el documento sobre la reforma laboral que el Gobierno ha presentado esta semana. No sólo está lleno de incongruencias sino que, en su contenido y en lo que, mucho me temo, acabará saliendo de él, siguen primando los componentes ideológicos frente a las necesidades económicas. Así, el Ejecutivo quiere reducir la temporalidad sin darse cuenta de que eso no será posible mientras no se abaraten los costes del despido. En consecuencia, si el Ejecutivo quiere modificar y endurecer las condiciones de la contratación temporal, hinchada debido a lo caro que es el despido en España, lo único que va a conseguir es empeorar todavía más las cosas, bien porque las empresas no van a contratar, bien porque lo harán pero en la economía sumergida. Lo mismo cabe decir de la insistencia en el reparto del trabajo y de casi todas las demás propuestas que contiene el documento, del cual prácticamente lo único que se salva es el mayor impulso que se quiere dar a las agencias privadas de empleo.
Los sindicatos, por su parte, ya están diciendo que el papel del Gobierno no les gusta por las insinuaciones que hace acerca de la posibilidad de abaratar el despido mediante los contratos de fomento del empleo, por el papel que da a las agencias privadas en la mediación entre oferente y demandante de trabajo, etc. Es decir, posiciones puramente ideológicas que, por lo que estamos viendo, este Gobierno en cierto modo comparte y nunca se va a atrever a atacar por mucho que el paro haya superado con creces los cuatro millones de personas, por mucho que cada vez más desempleados estén perdiendo el derecho a la prestación y no tengan de qué vivir, por mucho que la crisis se ha convertido en un verdadero drama para todos aquellos que están teniendo que echarse a la calle para mendigar unos euros con los que dar de comer a su familia mientras el Ejecutivo y los sindicatos miran hacia otra parte.
No nos llamemos a engaño. Sin una verdadera reforma laboral, que incluya el coste del despido, aquí no se va a crear empleo en años y, sin empleo, ni se van a resolver los problemas presupuestarios ni los del sector financiero. Por el contrario, lo único que vamos a conseguir es un pronunciado declive de nuestro nivel de vida y de nuestro bienestar social y eso ya no tendrá nada que ver con la crisis financiera ni con el estallido de la burbuja inmobiliaria, sino con lo que está haciendo este Gobierno. Estamos, sin lugar a dudas, ante la crisis ZP.