Una de las más indignantes falsedades de los enemigos de la justicia y la democracia encubiertos hoy como antifranquistas es precisamente su invocación a "la dignidad de las víctimas del franquismo". Pero ¿quiénes fueron esas víctimas? Entre los fusilados y damnificados por el franquismo hubo un número muy elevado de chekistas y autores de crímenes realmente sádicos, sicarios abandonados por sus jefes huidos al extranjero con inmensos tesoros robados al pueblo español en su conjunto. ¿Acaso ignoran esto quienes hablan de la "dignidad de las víctimas? No lo ignoran, simplemente no pueden ignorarlo. Otros fusilados lo fueron bastante después por intentar volver a una guerra civil mediante el maquis, una organización que asesinó a todo tipo de gente y realizó innumerables secuestros, atracos y acciones de bandidaje. También incluyen las víctimas a los etarras que desde finales de los años 60 emularon al maquis. ¿Lo saben o no esos dignos defensores de la dignidad? Lo saben, por supuesto, pero se solidarizan con tales víctimas no a pesar de saberlo, sino precisamente por eso.
Vi hace unos días un vídeo en que algunos periodistas cantamañanas sostenían, con el mayor énfasis, que los muertos que llamaban republicanos habían caído "por la democracia y la libertad". Se trataba de quienes defendieron el Frente Popular, compuesto, hay que repetirlo una y otra vez, de stalinistas, marxistas revolucionarios, anarquistas, golpistas y racistas, todos ellos "protegidos" por Stalin; y en infeliz amalgama, pues entre ellos se mataron también a gusto. Una vez más, ¿ignoran estos hechos los que tanto parlotean de "dignidad de las víctimas"? Por algo se sienten y proclaman herederos del Frente Popular los energúmenos de ahora, enemigos de la justicia cuando esta no sirve a sus deseos, y a la que bastante han degradado ya con su aversión a Montesquieu.
Entre las víctimas no se cuentan sólo los muertos, claro está. También incluyen los que tuvieron que exiliarse, medio millón al principio, que se redujo drásticamente a menos de un tercio en el primer año de posguerra y siguió reduciéndose por los retornos año tras año. Apenas quedaron fuera más que quienes temían un castigo o, después de 1969, quienes se habían asentado definitivamente en sus países de acogida. O los niños enviados a la URSS, de donde la Pasionaria les impidió volver para reunirse con sus familias. Incluyen asimismo entre las víctimas a los presos políticos posteriores, unos pocos centenares y que en ningún caso pueden considerarse luchadores por la democracia, pues se trataba, en su casi totalidad, de comunistas o terroristas, o ambas cosas. Uno puede entender que, dado que el franquismo fue una dictadura (autoritaria, no totalitaria como las del socialismo real), muchos de esos presos no lo habrían estado en una democracia, pero de ningún modo pueden colarnos, con ese pretexto, el embuste radical de que defendían la democracia. La defendían tanto como esas turbas que, con motivo de la garzonada, atacan los principios mismos del Estado de Derecho.
Por supuesto, en el franquismo fueron fusilados y represaliados de un modo u otro un número de inocentes difícil de precisar, seguramente no bajo. Y aquí es donde mejor se aprecia la bellaquería insondable de estos defensores de "la dignidad de las víctimas": a esos inocentes los mezclan con los chekistas, al anarquista Peiró, que se opuso al terror, con el socialista García Atadell, jefe de una cheka famosa, al socialista moderado Besteiro, que criticó la deriva revolucionaria de su partido, con los organizadores de la matanza de Paracuellos o del asesinato de Calvo Sotelo, etc. Todos "víctimas". El verdadero rostro de estos sinvergüenzas se aprecia en su capacidad para exaltar a los asesinos poniéndolos al nivel de los inocentes, y degradar a estos en igual medida. Queda claro con quiénes se identifican esto "antifranquistas" de después de Franco.
Y, por cierto, sobre la represión de posguerra aún habrá mucho que hablar e investigar. Hace poco me remitió Antonio Torres un libro de registro de una agrupación de juzgados militares de la I Región, de los años 1939-40. Pues bien, el número de condenas a muerte es muy bajo, y muy numerosos en proporción los sobreseimientos y reducciones de condena. Se trata de un informe sin duda parcial, pues había otros muchos juzgados, pero me reafirma en la impresión de que todo el asunto debe ser revisado por historiadores independientes, no por jueces, obviamente, ni por supuestos historiadores subvencionados desde el poder con el objeto preciso de introducir confusión tanto sobre la cantidad de represaliados como sobre su significación política.