Andan revueltos los gobiernos europeos a cuenta de la caída estrepitosa que está sufriendo el euro durante las últimas semanas. Dejando de lado el buen servicio que prestan los especuladores al detectar las carencias de la moneda única, no está sucediendo nada que no sea de puro sentido común económico: el euro es un pasivo del Banco Central Europeo (BCE) y los activos con los que cuenta el BCE para defender en el mercado el valor de ese pasivo son créditos contra bancos europeos –entre los que se incluyen entidades griegas, españolas y lusas– garantizados por deuda pública de sus respectivos países. El deterioro de la calidad de esa deuda afecta a todo el mundo: si el impago de las hipotecas subprime y demás deudas de los estadounidenses abocó a la quiebra a Lehman Brothers, el impago de los Estados hace tambalear al BCE, lo que se refleja en las depreciaciones de su divisa. Ya lo expliqué aquí hace un tiempo.
Al cabo, no hay de qué sorprenderse. El euro se estableció con dos condiciones fundamentales que hoy todos sus miembros incumplen: los Estados debían tener un déficit público y una deuda pública inferiores al 3% y al 60% del PIB respectivamente. No era una norma arbitraria, sino una de las pocas garantías que permitía al sistema funcionar. Pero a la primera que han venido mal dadas –es decir, a la primera que los bancos centrales han vuelto a hacer aquello poco que saben hacer bien: engendrar ciclos económicos– todos los gobiernos la han violado con saña. ¿Debemos extrañarnos pues de que la moneda única fracase cuando los presupuestos que le daban viabilidad se han quedado en papel mojado?
No demasiado. El euro planteaba una serie de retos a los países miembros que pocos o ninguno han sabido afrontar y que, al final, podemos resumir en uno sólo: cómo hacer frente al endeudamiento sin la capacidad de depreciar la moneda.
Es lo que tienen los Estados: que son una máquina de despilfarrar dinero sin mirar ni al mañana ni a los sufridos contribuyentes en cuyo nombre están endeudándose. Pero todo tiene un límite y la deuda no es una excepción. Cuando un gobierno pierde la capacidad para hacer frente a sus compromisos, sólo le queda suspender pagos; lo cual, la verdad sea dicha, suena bastante mal. Así que los Estados encontraron una manera de suspender pagos, de defraudar a sus acreedores, sin declarar formalmente que estaban quebrados: devaluar la moneda.
Si nos despreocupamos del valor de la divisa, esto es, si el banco central puede crear tanto dinero como haga falta para amortizar la deuda pasada sin prestar atención a la inflación, toda deuda, por elevada que sea, resulta asumible. Imagínese, en 1993 teníamos un volumen de deuda pública del 68% del PIB, 10 puntos más que ahora. Sin embargo, en la actualidad, ese mismo volumen de deuda –unos 30 billones de pesetas o 180.000 millones de euros– apenas representaría el 18% del PIB. ¿Se debe esto a que nos hemos vuelto más ricos? Sí, pero no sólo a eso. La renta per cápita real de los españoles no se ha multiplicado por cuatro en 17 años. La otra parte de la explicación está en la inflación, que va erosionando el valor real de las deudas.
Lo cual, dicho sea de paso, no sólo es un fraude para los acreedores, sino como decía una suspensión de pagos encubierta. Tan destructor es para un acreedor recuperar sólo el 70% de lo que prestó que recuperar el 100% en una moneda que ha perdido casi un tercio de su valor (sobre todo cuando las deudas de ese acreedor están nominadas en una divisa distinta a la de sus créditos). Los argentinos lo saben muy bien: todos ellos recuperaron sus pesos tras el corralito. Eso sí, fue necesario que el mismo peso que antes del corralito valía un dólar se depreciara después a un tercio de billete verde. ¿Suspensión de pagos? No, claro que no.
Con estas salvedades, entenderán que la solución que han encontrado los gobiernos europeos a la crisis de deuda creada o agravada por ellos mismos sea un disparate. Obligar al BCE a que monetice una deuda pública que no encuentra colocación en los mercados –es decir, obligarlo a que agüe el valor de la divisa que está obligado a defender– precisamente porque esos gobiernos no están haciendo los deberes, no sólo implica volver a las andadas que nos han llevado hasta aquí (¿les suena eso de que los bancos compren activos tóxicos?), no sólo da oxígeno a estos manirrotos para no cuadrar las cuentas de sus presupuestos y seguir gastando a manos llenas, sino que supone un intento de solucionar de tapadillo lo que debería hacerse con luz y taquígrafos. La inflación y la depreciación de la moneda no son más que una forma de practicar una suspensión de pagos –una quita en su valor– sobre todas las deudas nominadas en euros. Que esto no se quiera reconocer, no cambia la naturaleza subyacente: los acreedores recibirán menos, mucho menos, de lo que adelantaron.
Dicen los irresponsables políticos que nos han abocado a esto que quieren salvar la moneda única. Pero si algún sentido tiene y tuvo la moneda única no fue el de generalizar los ruines comportamientos del drachma o de la peseta a toda Europa, sino la de expandir la ortodoxia que suponía el marco. Es decir, se trataba de crear una divisa con un valor estable, no sujeta a depreciaciones súbitas y que permitiera a los inversores extranjeros comprar deuda nominada en euros sin temor a perder hasta la camisa; algo similar a lo que suponía el patrón oro pero, como es obvio, mucho más imperfecto (pues el crédito fiduciario de los bancos seguía siendo muy elástico a diferencia de lo que sucedía con el oro).
Si para salvar el euro hemos de cargarnos aquello para lo que supuestamente servía el euro, parece claro que esta divisa habrá perdido toda su razón de ser salvo como instrumento para una indeseable integración política. Más les valdría entonces a los alemanes seguir comportándose como alemanes y volver al marco que soportar la terrible carga de griegos y españoles. Porque los germanos, como los suizos, no tienen ningún problema de deuda que tengan que solucionar con inflación y devaluaciones: pueden permitirse el lujo de endeudarse... ¡sin impagar! Los españoles y los griegos, por lo visto, seguimos queriendo vivir por encima de nuestras posibilidades, así que sólo nos queda recurrentemente depreciar nuestra divisa y llamar inflación a lo que deberíamos denominar suspender pagos. Pero para eso nos bastábamos con la peseta: si queremos convertirnos en Argentina, aún estamos a tiempo.