Por mucho que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, finja ignorarlo y se dedique a darse baños de multitudes, las posibilidades de que termine sentándose en el banquillo por el caso Gürtel, lejos de reducirse, no hacen sino acrecentarse por algo, además, que tiene muchísimo más recorrido que el haber recibido presuntamente unos trajes de la trama corrupta: el auto de inhibición del instructor del caso, Antonio Pedreira, ha hecho suya la tesis de la Fiscalía al considerar que existen indicios de otros delitos como el de cohecho contra la administración y la hacienda pública y un delito electoral que también afectaría a otros miembros del gobierno y del PP valencianos.
En este auto, por el que se da traslado del caso al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el instructor pide que se investigue al gobierno regional a raíz de la existencia de diversos informes de la policía judicial, la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado que detallan movimientos fraudulentos con facturas falsas, contrataciones irregulares y una caja B en el PP que apuntan a una financiación ilegal.
Aunque dichos informes y el auto que lo refleja contradigan las auditorias que tanto organismos independientes como del propio Tribunal de Cuentas han hecho de la contabilidad del PP en Valencia, y por mucho que los contratos de la Generalidad hayan sido también avalados por el abogado del Estado, es evidente que este auto no viene sino a hacer más insostenible la situación del actual presidente valenciano. Ante esta realidad, Camps no puede quitarle importancia y menos aun hacerlo diciendo que la Generalitat "adjudica y gestiona más de 16.000 millones de euros" y en este caso se está hablando "de 80 contratos en seis años". Aunque sólo fuera un contrato llevado a cabo de manera irregular, sería suficiente para cuestionar a unos dirigentes políticos cuya honorabilidad debe de estar siempre fuera de toda duda.
Camps no puede ser una excepción al principio por el cual quien se sienta en el banquillo de la justicia debe quedar desbancado de su cargo público, con absoluta independencia de su presunción de inocencia. Y menos aun que se convierta en excepción por el hecho de haber amenazado a la dirección nacional del partido. De confirmarse que Camps ha amenazado a Trillo con presentarse con "un partido independiente de corte regionalista", sería suficiente para cesar de inmediato al político valenciano por mucho que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia volviera a archivar la causa contra él.
En cualquier caso, es evidente que la tensión que está viviendo el PP por esta causa no se va a solventar con disimulos de cara a la galería y sin un liderazgo que imponga un criterio que sepa distinguir lo que son responsabilidades penales de lo que son responsabilidades politicas. Ese liderazgo y ese criterio es lo que falta para que todos los miembros del PP lo sigan, tanto en público, como en privado.