La burda mentira de la ministra Salgado al presentar como error tipográfico del BOE lo que ha sido una rectificación del Gobierno a su propia decisión de prohibir desde ya a los ayuntamientos acrecentar su endeudamiento, ha dejado en un segundo plano la cuestión de fondo de si las corporaciones locales, cuyo endeudamiento a finales de 2009 ya superaban los 34.500 millones de euros, deben o no contribuir desde ya al ajuste de nuestras cuentas públicas.
Incluso desde los lugares más insospechados, hay quienes han criticado el proyecto inicial del Gobierno como si se tratara con él de estrangular a las corporaciones locales, de impedir que puedan pagar a sus funcionarios o de castigar a los contratistas que tardarían aun más en cobrar lo que los consistorios les deben. También se ha denigrado esta abortada prohibición alegando que era "injusta" pues afectaba por igual a todos los consistorios, con total independencia de su nivel actual de endeudamiento.
A pesar de su aparente razonabilidad, todas estas objeciones me parecen tan infundadas como las que proponen que nadie se meta en el agua hasta que haya aprendido a nadar.
Si el Gobierno ha de esperar a que haya un consenso con los ayuntamientos para que éstos se ajusten a su realidad, la prohibición del endeudamiento nunca se hubiera llevado a cabo. Es más, si el Ejecutivo de ZP desde un primer momento, y no como rectificación, hubiera anunciado la entrada en vigor de esta prohibición con suficiente antelación, esta hubiera sido aprovechada por los consistorios, no para hacer un ajuste más progresivo a la realidad de sus ingresos, sino para adelantar las solicitudes de créditos, tal y como ya han empezado a hacer en estos días no pocos ayuntamientos. Ese tiempo de antelación también hubiera sido utilizada por los ayuntamientos, como de hecho también ya lo están utilizando, para coordinarse con mayor fortaleza contra la entrada en vigor a esa medida que viene a poner fin a la borrachera en la que viven.
Todos deberíamos ser conscientes del despilfarro de los ayuntamientos como para no creernos la cantinela de que los créditos sirven para pagar las nóminas de los funcionarios, circunstancia que, de ser cierta, aun haría más irresponsable a unos consistorios que acuden al endeudamiento, no para llevar a cabo inversión, sino para pagar gasto corrientes. ¿Se imaginan a un ciudadano de a pie, acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades, que ante la negativa de un banco a facilitarle un mayor endeudamiento le dijera que pretende estrangularle, que pretende que no pueda pagar la nómina a sus empleados del hogar, que pretende que retrase aun más los pagos al carnicero, al panadero, al que le vendió el coche o al que le organizó el viaje de verano?
Hay una diferencia esencial, además, entre el endeudamiento de un individuo y el de una administración pública que nos debería ser mucho menos condescendientes con estas últimas. Y es que mientras que en el primer caso el individuo que se endeuda compromete sus propios ingresos, en el caso de un gobierno municipal que se endeuda no sólo compromete los ingresos de los ciudadanos sino también la capacidad recaudatoria de legislaturas y gobiernos venideros. Es por ello por lo que tampoco cabe calificar de "injusta" esa frustrada prohibición de incrementar aun más el endeudamiento municipal por el hecho de que afectaba a todos los municipios con independencia de su actual nivel de endeudamiento. No cuestionamos la prohibición para todos de meter la mano en el bolsillo del prójimo en función de si es para sustraerle 5 o 500 euros.
Podemos criticar –eso sí– a un Gobierno que ha permitido a los ayuntamientos endeudarse hasta las cejas y que encima les ha dado miles y miles de millones de euros adicionales en absurdos planes E. También lo podemos criticar porque no ponga coto también a las comunidades autónomas que, junto a las corporaciones locales, son responsables del 50% del gasto público, y cuyo endeudamiento ya superaban a finales de 2009 la friolera de los 84.000 millones de euros. Pero criticarlo por haber querido poner inmediato término a una nueva ingesta de alcohol sólo hará que la resaca, al posponerla, sea mayor. Eso, o algo peor como es que los ayuntamientos sigan instalados indefinidamente en la borrachera mientras los ciudadanos son los únicos que pagan las huidas de la realidad.