España no sólo es activa en la "Operación Atalanta" –la primera misión naval de la UE, desplegada para frenar la piratería en aguas del Índico, y también en tierra comandando en suelo ugandés la misión de entrenamiento del embrión del futuro ejército somalí y que también encabeza la UE, aunque la financian en buena medida los EEUU–, sino que nos hemos convertido nada menos que en el primer donante para la reconstrucción de Somalia, con 34 millones de dólares asignados y superando con ese montante a los EEUU y a Japón. Este papel se ha visto confirmado en la Conferencia de Naciones Unidas para Somalia, celebrada en Estambul en los días 22 y 23 de mayo.
Recientemente se han puesto también cifras a nuestra presencia privada en una zona en la que 22 atuneros españoles están faenando en tan peligrosas aguas –de ellos, media docena han sufrido algún tipo de ataque desde marzo– y por cuya protección se desembolsan alrededor de medio millón de euros cada mes. Por otro lado, la ministro de Defensa, Carmen Chacón, afirmaba el 10 de junio en Bruselas –en el marco de un coloquio organizado por el Parlamento Europeo sobre la piratería–, que España enviará a partir de septiembre a la zona al buque de asalto anfibio "Galicia" y a un patrullero de altura, algo que incrementará aún más nuestro compromiso en términos financieros, aún cuando el primero vaya a sustituir a la fragata "Victoria". Esta fragata protagonizaba el 2 de junio una operación al evitar el secuestro por piratas de un buque norcoreano frente a las costas somalíes. Por otra parte, el Ministerio de Defensa se encarga de la preparación y del abastecimiento en armamento apropiado –ametralladoras ligeras "MGM 1" de 7,62 milímetros y fusiles de asalto "HK" de 5,56 milímetros– de los vigilantes privados que desde noviembre pasado están autorizados a viajar en los atuneros, aunque no todos están protegidos, para repeler los ataques.
La experiencia de los seis barcos atacados desde marzo –"Campolibre Alai", "Albacán", "Artxanda", "Intertuna II", "Intertuna III" y "Txori Argí"– demuestra que la protección privada es eficaz, al menos hasta ahora y si no se producen: primero, una escalada en cuanto al tipo de armamento y a las tácticas empleadas por los piratas; y segundo, una mayor compenetración con los terroristas yihadistas, cuestión esta a la que cada vez con más frecuencia se refiere la ministro Chacón, dejando de lado el buenismo inicial. Precisamente este riesgo, el de la fusión entre islamistas y piratas, es el que debería obligar a la comunidad internacional en su conjunto a ser mucho más incisiva en la prevención de dicha lacra.