El pasado miércoles en un debate televisado de ámbito autonómico tuve que aguantar que una diputada del PP y un miembro de la ejecutiva del PSOE me tildaran de radical por sostener que la era de las subvenciones había tocado a su fin. Yo defendía, por evidente, que no se podían mantener las ayudas incondicionadas a partidos políticos, sindicatos, asociaciones varias, agencias de autoempleo disfrazadas de ONG’s, productoras de cine cuyas películas no llegan ni a ser estrenados en salas comerciales, y un largo etcétera de subvenciones a semovientes cuyo único quehacer es pastar en el presupuesto.
Junto a todo lo anterior, sostengo que es impepinable la implantación de la repercusión del coste real de los servicios públicos y el consecuente copago de los mismos. Ante tamaña proposición salió la sindicalista de la UGT: "nunca consentiremos que la sanidad y la educación no sean gratuitas", me espetó. Y yo desde entonces no dejo de preguntarme qué querrá decir con "no consentiremos". Porque es obvio que no está pensando en realizar el patrimonio sindical para hacer frente al agujero de la sanidad pública. Las cosas del dinero no se arreglan con alharacas, ni llamando a los liberados con plus de nocturnidad a las barricadas, ni siquiera poniendo a Toxo y Méndez a trabajar (¡qué crueldad tan innecesaria, por otro lado!).
Si sanidad y educación suponen alrededor del ochenta por ciento de gasto de las autonomías, es palmario que una reducción seria del déficit pasa por controlar el gasto en sanidad y educación. Veamos: ¿por qué tenemos que estar costeando con nuestros impuestos la enseñanza de aquellos que en edad de trabajar no son capaces de aprovechar la oportunidad que se les brinda? En España, ningún alumno del sistema público o concertado de enseñanza paga el coste real de su plaza aunque suspenda cincuenta veces. Y esto es posible, por ejemplo, desde que en las universidades se eliminó el tope de convocatorias.
No se trata de suprimir el Estado, sino de reconducirlo a sus justos términos. España sólo saldrá de la crisis si logra captar inversión extranjera. La nacional es una quimera, producto del crowding out que ha provocado el Gobierno de Zapatero. Es decir, el ahorro que la gente ha generado y que debería haber sido empleado en financiar a las empresas y a los emprendedores, se ha gastado en sostener al Estado a base de comprar deuda pública. El problema de la inversión extranjera es que son dos los vectores que condicionan su llegada: el primero la fiscalidad, y el segundo el binomio productividad-coste laboral. En ambas variables jugamos con desventaja con el resto del mundo.
O mejoramos la fiscalidad empresarial y profesional, y flexibilizamos de verdad el mercado laboral, o no tenemos ninguna posibilidad de que el factor inversión extranjera, nos ayude a salir del pozo en el que nuestros políticos de todos los partidos nos han sumido. Ignoro por qué ningún partido apuesta por decir que la caja está vacía y que ya no hay con qué llenarla. Eso sí, todos se ponen de acuerdo en decir que soy un radical, cuando los radicales son quienes deifican el Estado y vampirizan la capacidad económica de cada uno de los ciudadanos.