El presidente del Gobierno y el líder de la oposición han tratado, cada uno a su manera, de pasar página una vez hecho público el fallo del Estatut. Ambos abogan por "mirar al futuro" y tratan de aparentar que con la sentencia del Constitucional el estado de las autonomías queda plenamente normalizado y estabilizado. A Zapatero le interesa desviar la atención de un texto que él mismo promovió a sabiendas de que era claramente inconstitucional en la gran mayoría de su articulado. Rajoy, más interesado en llegar al poder a lomos de los nacionalistas que en preservar la democracia, trata de hacernos olvidar las cinco millones de firmas contra el Estatut que recogió por todos los rincones de España.
Y, sin embargo, si algo no ha logrado el fallo del Constitucional ha sido calmar los ánimos de aquellos a quienes se quiso contentar con el Estatut primero y con una absurda sentencia después. Los nacionalistas de todos los partidos, incluyendo esa sucursal catalana del PSOE que es el PSC de Montilla y Chacón, han convocado una manifestación para el próximo sábado no ya contra el Constitucional, sino contra la legitimidad misma que tiene el soberano pueblo español para retocar cualquier texto aprobado por el parlamento catalán. Es decir, el objeto de la marcha del 10 de julio no es el de exhibir las discrepancias de tipo jurídico sobre la sentencia, como muchos ingenuos quieren pensar, sino socavar la mismísima soberanía del pueblo español. De ahí que Montilla llame a los catalanes a "envolverse en la señera", transformando los símbolos regionales de Cataluña en todo un ariete contra las instituciones políticas de España.
Teniendo en cuenta que no sólo las Cortes y el Gobierno de España o el parlamento y el gobierno catalán, sino también todo el régimen jurídico que supuestamente garantiza los derechos y libertades de los españoles, dependen de la Constitución del 78 que, a su vez, se funda sobre la soberanía nacional, sería deseable y exigible que Zapatero y Rajoy defendieran con más ahínco la legalidad vigente frente a la deriva insurreccional en la que ha caído la mayor parte de la casta política catalana. Hasta la fecha, PP y PSOE evitan hacer cualquier referencia a la marcha nacionalista, como si lo que pasara en Cataluña formara parte del folclore regional.
Sin embargo, la condena y oposición a la misma resultan imprescindibles porque, como decimos, la nación española es algo más que el colectivo al que pueden adscribirse éxitos deportivos: es la base de nuestras libertades. Los liberales de Cádiz lo tenían bien claro ya en 1812 y así lo plasmaron en el artículo 3 de nuestra primera constitución: "La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales".
Permitir que un grupo de presión organizado, como son los nacionalistas, trocee y rehaga a su gusto esa Nación es permitirles que nos impongan las leyes que les plazcan; es, en contra de lo que establecía el artículo 2 de la Pepa, convertir la Nación y nuestras libertades en el patrimonio de una casta.
PSOE y PP están obligados a defender a la soberanía nacional de cualquier banda que pretenda subyugarla. El problema es que muy probablemente Zapatero y Rajoy son, junto a los nacionalistas, los primeros interesados en subvertir y patrimonializar el orden constitucional. La limitación del poder les incomoda. Es mucho más fácil negociar y entenderse con los señores feudales de las regiones de España que rendir cuentas ante el pueblo soberano. Zapatero así lo viene demostrando desde 2004 y Rajoy parece que comprendió la lección cuatro años después.