El texto final de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de Cataluña, lejos de aclarar las ambigüedades que contenía el auto preliminar, incide en ellas de forma asombrosa hasta convertirlo en un engendro ininteligible, cuya única finalidad es actuar como atenuante de las ilegalidades que el documento estatutario consagra de manera palmaria. La deposición del TC sobre el estatuto de Cataluña es exactamente igual que esas otras sentencias que periódicamente producen algunos jueces, rebajando la sanción a un agresor sexual por el hecho de que la víctima del acoso suele ir muy descocada. Sí, el nuevo estatuto es inconstitucional, pero es que la constitución española viste como una golfa y es normal que una región se sobrepase con ella en un momento de calentura jurídico-política.
Que estamos ante un enjuague político de muy bajo nivel disfrazado de acto jurídico es evidente para cualquiera que lea la sentencia y la compare con la constitución, en cuyo espíritu tiene el alto tribunal el deber de interpretar cualquier norma legal sujeta a discrepancia. El estatuto de Cataluña dinamita los principios básicos del orden constitucional otorgando carta de naturaleza a la existencia de una nueva nación, que actuará en plano de igualdad con la única que la carta magna reconoce expresamente en su artículo segundo. Esa evidencia hace innecesaria cualquier otra consideración sobre la nulidad del texto sometido a examen, pero lejos de actuar con lealtad a la función que tiene encomendada, los miembros del TC han preferido acomodarse a las necesidades políticas del presidente del gobierno, cuyo puesto en La Moncloa depende directamente del voto de los partidos impulsores del estatuto.
Si la presidenta del Tribunal Constitucional pretendía con este mejunje hacerse merecedora del agradecimiento eterno del nacionalismo nororiental, ya está viendo que los sentimientos de sus dirigentes van en sentido contrario, heridos por la incomprensión de la esposa de un jurista que, a diferencia de ella, sí es partidario "de la fuerza normativa de los hechos".
Puesto que la popularidad de María Emilia Casas entre el resto de los españoles no va a recuperarse jamás después de esta tropelía, la única opción que le queda para acabar airosa su mandato es redimirse este sábado, participando en la manifestación convocada por el Francesc Maciá de Iznájar en contra de la tibieza del tribunal que preside. Que le ayude a portar la pancarta. Prometemos no extraer de esa imagen ninguna "eficacia jurídica interpretativa".