La ofensiva del Gobierno de Hugo Chávez contra la libertad de expresión, que ya se ha cobrado como destacadas víctimas a diversos medios de comunicación y sus directivos, ha llegado a las redes sociales. El régimen del caudillo populista ha detenido a dos ciudadanos, Luis Enrique Acosta Oxford y Carmen Cecilia Navas Castro, acusados de difundir rumores en Twitter con la finalidad de desestabilizar el sistema bancario venezolano. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Wilmer Flores, justificó la represiva acción diciendo que "los falsos rumores en las redes sociales están claramente sancionados" en la Ley de Bancos del país.
Aunque los principales afectados por esta acción gubernamental son los detenidos, el Gobierno de Chávez lanza con su arresto un claro mensaje al conjunto del país. Desde ahora, los ciudadanos venezolanos tienen claro que las redes sociales están vigiladas, y que ejercer en ellas la libertad de expresión puede llegar a pagarse con la cárcel. Como, a diferencia de una televisión o una radio, Twitter no puede ser cerrado por el poder político (y, por suerte, el chavismo todavía no se atreve a imitar a la dictadura china y bloquear sitios webs cuyos contenido no puede controlar), se busca que los usuarios de la red social se censuren a sí mismos por miedo.
La mera existencia de una legislación, sea sobre bancos o sobre cualquier otra cuestión, que contemple la detención de personas por expresarse a través de redes sociales es una aberración. Resulta inadmisible que alguien pueda ser detenido bajo la acusación de extender "falsos rumores" para desestabilizar la banca del país. De hecho, si alguien desestabiliza el sistema financiero venezolano (y del país en su conjunto) es Hugo Chávez con su progresivo desmantelamiento de las libertades en Venezuela.
Es en este último y triste escenario, la destrucción de las libertades de los venezolanos, donde cobra todo su sentido la detención de Acosta Oxford y Navas Castro. Como en China o Vietnam, expresarse a través de la red bajo el régimen de Chávez ya puede conducir a la cárcel. Las primeras víctimas han sido dos personas que usaban Twitter, los siguientes pueden ser usuarios de Facebook, blogueros o participantes en foros de discusión. Internet ha dejado de ser libre en la Venezuela bolivariana.