La crisis política en la que va a dejar España la presidencia de Rodriguez Zapatero va a ser más difícil de superar que la propia crisis económica en la que nos ha hundido. La insumisión constitucional planteada ayer abiertamente por el Parlamento Catalán, con la complicidad del propio Presidente del Gobierno de España, pone en cuestión todo el entramado del Estado de las Autonomías desarrollado durante las tres últimas décadas. Zapatero, que quiso reinventar España sobre la base de un modelo confederal que no cabe en la Constitución vigente, ha cosechado el más estrepitoso de los fracasos. Hoy Cataluña se encuentra más alejada, más desafecta y más desvinculada de España que nunca. La responsabilidad de esa ruptura corresponde de forma casi exclusiva al socialismo gobernante, a un acomplejado presidente socialista de la Generalitat que ha convertido a su partido en rehén del nacionalismo independentista y a un presidente del Gobierno español, también socialista, que ha jugado a aprendiz de brujo con la Nación y puede terminar pereciendo políticamente en el incendio que él mismo ha provocado.
Zapatero creyó que podía engañar a todos durante todo el tiempo, pero sólo ha sido capaz de engañar a algunos durante algún tiempo. Primero mintió a los catalanes asegurándoles que aceptaría cualquier Estatuto que se le remitiera desde Cataluña. Después engaño a los nacionalistas haciéndoles creer que les dejaría el poder a cambio de un pacto estatutario. Más tarde engañó a los españoles diciéndoles que el Estatuto quedaría como una patena constitucional tras su paso por el Congreso de los Diputados. Ahora pretende engañarnos a todos diciendo que acata la sentencia pero que encontrará formulas para no cumplirla. En política pocas cosas hay más peligrosas que crear expectativas para luego frustrarlas. Pero cuando se trivializa con cuestiones tan serias como la estabilidad institucional de un país o los sentimientos de identidad de unos y otros entonces el juego se vuelve temerario.
La cuestión, en todo caso, es si esta crisis política e institucional tiene salida y sobre todo, qué tenemos que hacer para encontrarla. En mi opinión, siendo consciente de la dificultad de la solución, es posible devolver la estabilidad constitucional a nuestro país y recomponer la relación política entre Cataluña y España que Zapatero ha roto. Para ello, considero necesario tres ejes de actuación: La firmeza en la defensa del Estado de Derecho y el orden constitucional, un doble cambio político en Cataluña y en España y un fortalecimiento de la relación con la sociedad civil.
Actitudes de insumisión como la del Presidente de la Generalitat a la sentencia del Tribunal Constitucional son incompresibles en un país democrático e inaceptables en un Estado de Derecho. Es necesario desde el Gobierno de la Nación un mensaje de firmeza en el cumplimiento de esa sentencia y en la defensa de la Constitución como garantía del funcionamiento del Estado de Derecho. Es legítimo, como también ha hecho José Montilla, plantear una reforma de la Constitución para que el Estatuto de Cataluña tenga cabida en nuestro ordenamiento. Pero lo que no es asumible ni tolerable es que desde las instituciones catalanas se abogue por no cumplir esa sentencia reconociendo que no cabe en la Constitución. El Estado español deberá garantizar la vigencia de nuestro orden constitucional sino quiere convertir a España en un reino de taifas, utilizando para ello todos los instrumentos que la propia Carta Magna deja en manos del Ejecutivo español para defenderla.
En segundo lugar, resulta imprescindible y urgente un doble cambio político en España y en Cataluña. Es imposible que los causantes de este gran guirigai institucional pretendan ser ahora quienes nos saquen del lío. Zapatero y Montilla han perdido toda credibilidad como interlocutores para superar el problema. El primero porque no resulta en absoluto fiable y el segundo porque ha demostrado su incapacidad. Tendrán que ser otro Gobierno en Cataluña y un Gobierno del Partido Popular en España los que tengan que recomponer el pacto constitucional. No será fácil, pero frente a quiénes creen que la deriva soberanistas de los nacionalistas hace ese acuerdo inviable, yo creo que aún existe posibilidad y que en todo caso estamos obligados a explorarla.
Por último, es necesario apelar a una sociedad civil catalana, mucho más moderada, pragmática y sensata que su clase política. Es más, una gran mayoría de catalanes, el 67% según la última encuesta del CIS, se sienten orgullosos de ser españoles. Este no es un enfrentamiento entre catalanes y españoles, sino una confrontación artificial creada por una clase política profundamente desconectada de la sociedad a la que representa y que antepone sus ansias de poder a la convivencia y al interés de los ciudadanos. No sería sin embargo la primera vez que una minoría termina imponiéndose a una mayoría, pervirtiendo la esencia de la democracia, por la pasividad e incluso la cobardía de quiénes son más. Nuestro deber es evitar a toda costa que eso ocurra. Por el bien de Cataluña y de España.