A pesar de que se acusaba al Gobierno de Esperanza Aguirre de cerrarse en banda y negarse a negociar con los sindicatos del Metro, la realidad ha venido, una vez más, a desmentir las acusaciones de la oposición socialista. Tal y como prometió Aguirre, tan pronto los sindicatos abandonaron la huelga salvaje y volvieron a los servicios mínimos, la dirección de la empresa se sentó a negociar con los representantes sindicales. Tras varias jornadas de duras negociaciones entre ambas partes ya tenemos un acuerdo que, por lo que parece, es satisfactorio para ambas partes.
El recorte de salarios se ha quedado en un 1%, aunque con carácter retroactivo desde el mes pasado. A esta pequeña rebaja salarial hay que sumarle recortes en otras partidas como los gastos de viaje, de formación profesional, la reestructuración del transporte nocturno de personal, las horas extraordinarias y complementarias y otras primas salariales. Los números salen, por lo tanto, para la Comunidad de Madrid, para Metro de Madrid y para los sindicatos que, lejos de ver cómo la huelga salvaje es una herramienta válida, han comprobado cómo suspendiendo ésta y asumiendo ciertas cesiones todos saldrían ganando. Un ejemplo, en suma, de cuál debe ser el espíritu en las relaciones laborales, un espíritu que nada tiene que ver con los paros masivos, las huelgas sin servicios mínimos y la nula disposición a escuchar a la otra parte.
Esperanza Aguirre ha sido plenamente coherente hasta el momento. Prometió sentarse a negociar y escuchar, y lo ha hecho, prometió tomarse muy en serio las demandas sindicales, y lo ha hecho. Pero prometió también expedientar y/o despedir a los que violentaron los servicios mínimos en las dos jornadas de huelga salvaje que colapsaron Madrid a finales del mes de junio. Si quiere mantener la coherencia tiene la obligación moral y política de cumplir, de nuevo, con lo prometido. Las pérdidas y trastornos ocasionados por aquellos dos días de furia sindical exigen responsabilidades y Aguirre es quien debe depurarlas.
En el otro extremo, el del conflicto sin fin de los controladores aéreos, el Partido Popular parece no tener las cosas tan claras. Frente a la huelga encubierta que desde principios de verano están realizando los controladores de AENA, a Esteban González Pons no se le ha ocurrido mejor idea que cargar contra el ministro de Fomento, y no contra los verdaderos responsables de esta situación, que no son otros que los propios controladores.
Este grupo de presión, perfectamente organizado y objeto de mil atenciones y privilegios, viene advirtiendo desde hace semanas de que el verano va a ser complicado. Amenaza velada y vergonzosa a la que le ha sucedido una ola de bajas médicas totalmente anormales y la ralentización sistemática en las operaciones de vuelo. José Blanco está al tanto del asunto y hasta ha anunciado medidas legales para frenar la enésima treta de los controladores para salirse con la suya. Él no es el culpable de esta situación, un nuevo pulso al que la casta de la torres de control reta a la sociedad a modo de venganza por los recortes de sueldo y privilegios que el Gobierno ha aprobado. Si el PP quiere contribuir mejor haría en denunciar el chantaje, y no en aprovechar cualquier excusa para apuntarse un tanto demagógico que, para colmo, en este caso ni siquiera sería popular.