La huelga de controladores aéreos nos enfrenta a las contradicciones en que viven inmersos hoy los derechos laborales legítimos de un colectivo de trabajadores y los derechos igualmente legítimos del resto de la sociedad.
La defensa en su origen del derecho de huelga ejercida básicamente a través de la negación a seguir trabajando mientras las condiciones laborales en litigio se arreglaran, perjudicaban directamente al patrono, al amo de la fábrica. Hoy, la mayoría de huelgas perjudica en parte al empresario y accionistas, y en parte al resto de la sociedad que no tiene culpa alguna de su situación laboral. Y es aquí donde se enfrentan dos derechos, nacidos los dos del espíritu de justicia del origen de la huelga: el del trabajador y el de los ciudadanos que sufren sus consecuencias sin tener culpa ni pena. ¿Cuál ha de prevalecer? ¿El del trabajador que tiene derecho de huelga por ley, o los dos? Sabemos quién se hace cargo de los costes provocados por el cese de actividades laborales: la empresa y el propio trabajador que deja de ganar para poder consolidar derechos laborales superiores. Pero los efectos colaterales que sufren quienes no intervienen en esa relación conflictiva, ¿qué beneficios consolidan? Ninguno, solo incomodidades en el mejor de los casos o graves pérdidas económicas en los peores.
Los servicios mínimos son un paliativo para racionalizar tales efectos, pero como se ha demostrado en la última huelga del Metro de Madrid, aún cuando se cumplan a rajatabla, las consecuencias para millones de personas e intereses económicos ajenos al conflicto son profundamente injustas.
No se trata de poner en cuestión o enfrentar el derecho de huelga al derecho del resto de la sociedad, se trata de poner sobre la mesa la necesidad de defender los derechos de todos. Porque no nos olvidemos que el origen de la huelga es la conquista y salvaguarda de derechos. Las condiciones y las relaciones laborales del pasado no son las mismas que las de las sociedades democráticas y sociales de derecho de hoy. Sin embargo, perduran comportamientos psicológicos en el derecho a la huelga, cuya aplicación mecánica niega, en muchos casos, los principios de equidad que los justificó en su origen. La amenaza de huelga de los controladores para una fecha indeterminada de agosto es un ejemplo meridiano. Independientemente de sus razones (seguro que las tienen), las consecuencias de un paro aéreo, incluso la sola amenaza, quiebra intereses vitales para la economía de un país basado en el sector servicios. En 1.000 millones de euros se valoran las pérdidas en caso de huelga. Agencias de viajes, miles de turistas extranjeros que ante la incertidumbre opta por otros destinos, hoteles, restaurantes, taxistas, proveedores, empresas de ocio y un sinfín de incomodidades y gastos imprevistos para viajeros atrapados por tener cerrados ya sus viajes.
¿Tienen derecho unos trabajadores con una alta remuneración laboral a provocar esas pérdidas en un país sin reparar en los costos que provoca?
No parece justo que mientras ellos provocan el caos por estar en un puesto clave para la sociedad, millones de trabajadores han de soportar contratos humillantes por carecer de esos mecanismos. Puede que sea hora de empezar a pensar formas de presión laboral eficaces para todos los trabajadores y que a la vez, no pase por deteriorar los derechos del resto de la sociedad. Y por lo mismo, puede que los legítimos derechos de millones de ciudadanos que sufren los efectos colaterales sin comerlo ni beberlo, se hayan de recoger en una ley con la misma determinación que se ha recogido el derecho de huelga en otra. Los derechos han de defenderse siempre, pero no necesariamente con herramientas del siglo XIX.