Son malos tiempos para la libertad de expresión en Iberoamérica. Diversos gobiernos populistas, entre los que destacan por su virulencia el venezolano y el ecuatoriano, iniciaron ya hace cierto tiempo una fuerte ofensiva contra los medios de comunicación y los periodistas críticos con el poder. Y no sólo contra ellos. En el caso del chavismo se ha llegado a detener a usuarios de Twitter, con lo que se envía un claro mensaje amenazante a la totalidad de internautas de Venezuela.
Dentro de este escenario general, las acciones del Gobierno del matrimonio Kirchner (hasta la propia presidenta Cristina ha llegado a reconocer de forma implícita el poder real de su marido Néstor) suelen pasar desapercibidas en otras latitudes. Sin embargo, el Ejecutivo del país austral es uno de los más agresivos de América (salvando las distancias con Cuba y Venezuela) contra los medios de comunicación que no le son afines. El peronismo en el poder le tiene especial inquina a dos grandes grupos de comunicación, los que tienen como abanderados a los periódicos Clarín y La Nación. Y es en este contexto donde cobra sentido una medida contra el primero de ellos que puede dejar sin conexión a internet a más de un millón de argentinos.
Desde la Casa Rosada se ha decidido, en un acto arbitrario con el que se intenta perjudicar los intereses económicos del principal grupo de medios crítico con el kirchnerismo, quitar a Fibertel (proveedor de internet propiedad de Clarín) la licencia para ofrecer acceso a la red. El ministro de Planificación, Julio de Vido, advirtió a los clientes de la compañía de que tienen noventa días para contratar otro servicio o se quedarán sin poder conectarse. Aunque la Justicia decretara que la medida gubernamental es ilegal, el daño estará hecho. Para cuando haya sentencia o alguna medida cautelar, numerosos usuarios habrán cambiado de compañía por miedo a perder su conexión.
En su guerra contra Clarín, los Kirchner están dispuestos a crear un gran daño a los internautas si con ello consiguen perjudicar la cuenta de resultados de una empresa de medios de comunicación que no se muestra dócil con el poder. Las víctimas, que se ven perjudicadas por lo que no deja de ser una ofensiva contra la libertad de expresión, no serán sólo los clientes de Fibertel o la propia empresa. Todos los usuarios de internet argentinos pueden verse perjudicados. Si el matrimonio presidencial logra su objetivo, las empresas competidoras de la compañía atacada por el gobierno tendrán que ofrecer servicio a un millón de nuevos usuarios en tres meses.
Sin duda alguna, esto beneficiará a las empresas de internet que quedan en el mercado, que se repartirán esa jugosa cantidad de clientes. Pero eso seguramente sea a costa de la calidad en general del servicio. Pero a los Kirchner eso no parece importarles. Lo importante para ellos no es que los internautas argentinos puedan elegir con qué compañía conectarse y que puedan tener calidad. Para la pareja presidencial, lo fundamental es dañar a aquellos que no se callan ante su forma de gobernar.