El notorio independentista Xavier Sala i Martín ha criticado el anuncio por parte del Gobierno de Montilla de obligar a los profesores universitarios a tener aprobado el examen del nivel C de catalán. Para el economista "autoimponer una barrera lingüística es de locos" y rebajaría notablemente el nivel de la universidad catalana. Por su parte, asegura que él jamás hará el examen y si intentan obligarlo dejará de enseñar en la Pompeu Fabra para limitarse a seguir haciéndolo en Estados Unidos.
No cabe duda de que la posición del economista demuestra una notable incoherencia. Sus excelentes argumentos son igualmente aplicables a muchos otros ámbitos. La universidad perderá profesores excelentes si impone esa obligación, sin duda, del mismo modo que la sanidad perderá buenos médicos, la economía buenos empresarios, etc. Pero nunca le han preocupado las imposiciones en otros ámbitos. Sólo cuando le afecta personalmente parece haberse dado cuenta de las perniciosas consecuencias de la falta de libertad lingüística.
Este último decreto del tripartito no es sino una vuelta de tuerca más en el proyecto totalitario en marcha desde los años 80 en Cataluña. El manifiesto de los 2.300 cumplirá 30 años en unos pocos meses, y desde entonces todo ha ido a peor. Con la patética excusa de la "pluralidad", los gobernantes catalanes no han hecho sino procurar construir una nación monolítica a base de leyes, denuncias anónimas y la marginación de la lengua más hablada en la región. Todo ello con el beneplácito, cuando no con la complacencia, de los diversos gobiernos que ha tenido España en este tiempo, más interesados en sus necesidades a corto plazo que en el futuro del país al que decían servir.
El estatuto nunca fue un punto de llegada sino una estación más del camino. Con o sin él, un tripartito necesitado de un último triunfo en el difícil juego del "yo soy más nacionalista que tú" ha decidido atacar la universidad. Lo ha hecho con la torpeza propia de un Ejecutivo que, además de todo, es profunda y completamente inútil. Así, aún no sabemos a qué profesores afectará, si un Premio Nobel podrá hacer carrera en la universidad catalana sin hablar la lengua impuesta por el nacionalismo o si se le impedirá. Sala i Martín ha recordado que en un cuarto de siglo enseñando en Estados Unidos nadie le ha exigido que se examine en inglés. Tampoco existe obligación de pasar ninguna prueba de castellano para enseñar en España. Es la diferencia entre países que son o quieren ser cosmopolitas y regiones que han preferido optar por el aldeanismo, la cerrazón y, por tanto, la incultura.
El nacionalismo catalán, con el aplauso o indiferencia de sus gobernados, ha optado por la autarquía del idioma, el aislamiento de la aldea. El problema es que no es una opción voluntaria, sino impuesta a quienes no comulgan con sus ideas y ansían respirar un poco de libertad. Ni la Constitución ni las leyes lo han impedido, y el TC ha consagrado casi en su totalidad ese camino, confirmando que la desigualdad de los españoles ante la ley es un principio rector del régimen. La obligación de hacer pasar un examen de catalán a los profesores universitarios es un paso más, que casi se diría insignificante. Aunque a estos, que callaron cuando no aplaudieron otros atropellos similares, les parezca el colmo de la insensatez.