Las cifras económicas no son alentadoras, pero últimamente el déficit más dramático, en Europa, es el democrático.
En la primavera de 2005, Francia y Holanda rechazaron en sendas consultas la Constitución Europea dando al traste con el proyecto. Sin embargo, los poderes establecidos acabaron imponiendo una versión corregida y reducida, el Tratado de Lisboa. Hoy, en aquellos países del 'no', las preferencias del pueblo vuelven a oponerse al "establishment". El intento de los intereses creados de resistirse a lo decidido en las urnas es antidemocrático, inconstitucional, peligroso y nocivo para los intereses del continente.
En Francia, que nunca ha seguido en teoría un modelo multicultural, es decir, que tolere una multiplicidad de comunidades con reglas propias excluyentes de las reglas aplicables al común, ha derivado en la práctica hacia ello. Se han acumulado así minorías en los suburbios de las grandes ciudades. Estas minorías, y esto es un dato, son casi todas musulmanas y no están integradas. La renovación de leyes y la aplicación de medidas de protección de la seguridad últimamente tras los Pirineos se explican en ese contexto amplio. Se critican las expulsiones de gitanos sin que la UE haya podido mencionar ninguna vulneración jurídica desatendida por la República. Es evidente que el problema a evitar, en Francia y en Europa, es el uso de esas comunidades para convertirlas en excepción al ordenamiento jurídico general y peones con los que jugar a pedir beneficios al Estado de Bienestar. El Parlamento Europeo, en lugar de favorecer un debate sensato, ha preferido echarse en los brazos de la demagogia.
Por su parte, en Holanda, desde las elecciones de junio no se puede formar gobierno. La razón es que, habiendo ya fracasado todas las alternativas imaginables, y algunas inimaginables, sólo queda la opción natural de juntar a los partidos de "derecha": democristianos y liberales, manteniendo fuera del Gobierno al estentóreo Wilders –considerado por el "establishment" como indigno para estar entre los elegidos– pero asegurando, con su apoyo a la investidura, acometer los temas fundamentales de la legislatura.
Estos son los mismos que traen a mal traer al resto de Europa: el insostenible endeudamiento y la insuficiente integración de la inmigración.
Lo cierto, por mucho que le moleste ahora al progresismo oficial, es que, igual que en el 2005, el pueblo ha elegido un camino y está viendo cómo los poderes establecidos están impidiendo que lo recorra, "por su bien".
El pueblo ha demostrado mayor sentido común –y mayor respeto por el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico vigente– que los políticos. Seguir teniendo por no puesta la opinión popular puede llevar a consecuencias desastrosas en Europa. En Estados Unidos, su vitalidad social ha creado el movimiento del Tea Party. La esclerosis europea no ha sido capaz de ello, pero el hartazgo legítimo y justificado de las clases populares, y generalmente humildes, frente a los escándalos fingidos de los bienpensantes está llegando al punto de ebullición. La deslegitimación de la derecha urbi et orbi como estrategia propagandística –aunque sigue siendo un deporte practicado en los medios– ha fracasado en las urnas, por lo que pretender ahora ganar en los palacios y las moquetas lo perdido en la calle es equivalente a un golpe de estado. Ha llegado el momento de que la izquierda ideológica aprenda a perder: sus recetas han fracasado, las urnas han dado su veredicto y los propios gobernantes de izquierda han dejado de aplicar sus tradicionales medidas ineficaces. Es el momento de respetar la democracia, felicitar a los vencedores y revisar ideologías trasnochadas.