Generalmente los intervencionistas suelen llenarse la boca hablando de la necesidad de invertir en "capital humano", un concepto asimilable al de formación altamente cualificada de los trabajadores. Si a los políticos les encanta hablar de ello es porque les permite justificar masivos despilfarros en educación cuyos resultados (o ausencia de ellos) se verán al cabo de 20 ó 30 años, cuando ellos ya no estén en el Gobierno. Fantástico pues: justifican sus excesos de poder hoy sin necesidad alguna de rendir cuentas sobre el éxito o fracaso de sus actuaciones.
Pero populismo político al margen, el capital humano forma indudablemente parte del stock de bienes de capital de una sociedad, esto es, del conjunto de medios de producción con los que contamos para incrementar nuestras provisiones de bienes y servicios futuros. De momento todavía no hemos descubierto la manera en que las máquinas se conviertan no sólo en herramientas, sino también en agentes, por lo que parte de las tareas que mayor valor añadido nos generan –como la I+D o la dirección empresarial–, tenemos que seguir encomendándoselas a seres humanos inteligentes con una gran formación específica.
Ese extra de formación específica, a cuya aprehensión los individuos dedican parte de su tiempo y de sus recursos con la intención de obtener una rentabilidad extraordinaria en el futuro, puede perfectamente considerarse un bien de capital. Porque lo que caracteriza a un bien de capital no es su estructura física, sino ser un instrumento destinado a obtener una atractiva rentabilidad monetaria sobre lo invertido. Y el capital humano es exactamente eso: una inversión que se va realizando desde la conclusión de la educación básica (que en España ya abarca en muchas disciplinas incluso a la universidad) y hasta el final de la vida laboral. Como sucede con todo el capital, reduzca o penalice su rentabilidad e irá desapareciendo. Increméntela y lo verá florecer.
Parece que los políticos españoles –y los estadounidenses, que en todas partes cuecen a los liberales– no acaban de aprender este sencillo mensaje. O si lo entienden, les importa bien poco. Los principales expoliados por nuestro IRPF son los trabajadores cualificados, aquellos que gracias a la continua mejora de sus habilidades logran unos salarios superiores a los de otros empleados menos cualificados. Los cobran porque –privilegios políticos al margen– generan un gran valor añadido para los consumidores. A galeras, pues. Viva la mediocridad.
Puede que la señora Salgado espere que esta clase realmente explotada –por el Estado– vaya a batir palmas por el hecho de que su Gobierno les bloquee casi cualquier opción de promoción social construyéndose un patrimonio. Pero lo cierto es que lo único que va a lograr será desincentivar que los trabajadores paguen –en tiempo y en dinero– por mejorar una cualificación que cada vez les proporciona unos rendimientos más capados. Ya puestos, si se trata de reducir el déficit emburreciendo a la sociedad, que eliminen todo el gasto en educación. Ah no, que el gasto en Educación, como tantos otros, no es una manera de ilustrar a los individuos, sino de adoctrinarlos en el servilismo al poder político.
Acabáramos: destruimos el capital productivo y primamos el capital disfuncional. Luego algunos se extrañan de que nos empobrezcamos. Piensen antes de sorprenderse en qué estructuras de incentivos nos han impuesto nuestras bien alimentadas elites políticas. Y ahora, a competir con los chinos.