En este país cada vez que los políticos se ponen de acuerdo en algo, lo mejor que puede hacer el ciudadano es echarse a temblar, sobre todo si se trata de cuestiones económicas porque el asunto, por norma, termina con alguna suerte de pérdida monetaria para el sufrido españolito de a pie. Es lo que va a suceder si la ponencia del Pacto de Toledo amplía finalmente de 15 a 20 años el periodo de computo para el cálculo de la pensión porque eso se va a traducir en una prestación futura sensiblemente inferior a la que percibirá cualquier persona que se retire hoy mismo de la vida laboral activa.
¿Por qué ocurre esto? Porque los políticos se han puesto de acuerdo para que sea de ese modo, amparándose en la consideración de que el Pacto de Toledo es algo así como la panacea para todos los males del sistema público de pensiones y en la pretensión de que los ciudadanos nos creamos, o nos tengamos que creer, que un acuerdo entre los socialistas, los ‘populares’ y los sindicatos es la solución a nuestros problemas y que no hay más alternativa que esa. Pues el que aquí firma niega la mayor. En primer lugar, el Pacto de Toledo es un pacto miserable desde su primer artículo hasta el último porque se empeña en mantener contra viento y marea el sistema de pensiones en manos del Estado, que es lo mismo que decir en las manos del Gobierno de turno al que siempre le gusta hacer política con él.
Esa obstinación en que una prestación tan importante como la que se percibe cuando llega la jubilación siga siendo estatal se debe tanto a razones ideológicas como de cobardía. Ideológicas, porque su origen es una ponencia socialista para uno de los congresos del PSOE y está trufada de ideología. Con razón los sindicatos la apoyaron. Y como muchos en el PP siguen pensando como en los tiempos de Cánovas, que mira que ya son pretéritos, que el Estado es una entidad moralmente superior al hombre, pues estamos en la que estamos. Ya lo decía en su momento Esperanza Aguirre cuando, refiriéndose a su partido, recordó aquello de Hayek de que hay socialistas de izquierdas y socialistas de derechas. Pero es que, además, en el PP, cuando estuvo en el Gobierno con José María Aznar, hubo personas en el ámbito económico y con responsabilidades de poder que preferían el paso a un sistema de capitalización, lo cual, si se hubiera hecho entonces, hubiera evitado muchos de los problemas de ahora con las pensiones. Sin embargo, cuando se les preguntaba por qué no lo hacían su respuesta era que no querían ‘problemas sociales’ que les pudieran costar votos, como si la nueva rebaja de la pensión que nos aguarda, conjugada con la ampliación de la edad de jubilación, no fuera un problema social. Y de primera magnitud, además.
La miserable actitud de los políticos españoles no concluye ahí, qué más quisiéramos. Ya que se empeñan en mantener el sistema en el ámbito de lo público, en lugar de ir hacia pensiones privadas, lo menos que podían hacer era una reordenación del gasto de todas las administraciones, con el fin de dar prioridad a la política de pensiones, en lugar de despilfarrar tanto dinero como despilfarran todas ellas. Ellos dicen que esos gastos son necesarios, pero lo cierto es que podemos prescindir tranquilamente de la mayor parte de ellos, empezando por los Ministerios de Igualdad y Vivienda, siguiendo por la Secretaría de Estado de Cooperación, continuando por las subvenciones a partidos, sindicatos, artistas de ‘La Zeja’ y allegados y concluyendo por coches oficiales, gastos de representación y un sinfín de políticas costosas que carecen de toda justificación que no sea otra que la ideológica o la del apego al poder. Políticas costosas que además se desarrollan en detrimento de las políticas sociales, como la de pensiones o la de prestaciones por desempleo, para las que no hay recursos suficientes y así estamos en la que estamos: con más de un millón de familias que ya no cuentan con ingreso alguno, con los jubilados actuales con la pensión congelada y con los futuros retirados que ven como van a tener que trabajar más años para luego cobrar menos. A esto, nuestros políticos lo llaman ‘Estado social’ y ‘Estado del bienestar’. Pues menos mal que es social y del bienestar.
Lo malo es que, además, esto ocurre cuando la inmensa mayoría de los españoles no tiene medios de defensa contra la que se avecina con sus pensiones. En otros tiempos uno diría algo así como "voy a ahorrar para la jubilación suscribiendo un plan de pensiones", "pensaré en contratar una hipoteca inversa para obtener una renta del banco a cambio de mi casa cuando llegue el momento del retiro"... El problema es que eso de ahorrar, hoy por hoy, se antoja un imposible para la clase media y, mucho menos aún, para los trabajadores. De entrada, unas familias endeudadas hasta las cejas a causa de la burbuja inmobiliaria –que los políticos no se molestaron en detener a su tiempo porque generaba mucho crecimiento económico y mucho empleo, aunque no fuera sostenible en el tiempo–, se las ven y se las desean para pagar la letra del piso y llegar a fin de mes, con lo que eso de ahorrar para la pensión es algo así como un sueño, y eso suponiendo que uno de los dos cónyuges no esté en paro porque entonces la cosa es todavía peor. Y en este contexto tenemos a nuestro Zapatero, ese que se vanagloriaba de su sensibilidad social, ahogando todavía más a las economías domésticas con sus subidas de impuestos, su política energética que hace que el recibo de la luz esté por las nubes, etc. Así es que eso de ahorrar es imposible para tres cuartas partes de los ciudadanos. Además, muchos de ellos, que creían que con lo cara que habían comprado su casa se habían poco menos que garantizado el futuro, ahora ven o sospechan que su precio va a caer en picado y no va a volver a subir en años, perdiendo de esta forma en torno a la mitad del valor de ese patrimonio con el que contaban para el futuro. Y eso por no hablar de la situación económica, porque todo apunta a un largo periodo de crisis, con altas tasas de paro y, muy posiblemente, con reducciones de sueldo en más de un caso. Todo esto es el resultado de eso que se llama progresismo, o proceso por el cual todos avanzamos con firmeza hacia la pobreza general, en lugar de disfrutar de niveles adecuados de vida y bienestar, sobre todo cuando llegue el momento de la jubilación.
Evidentemente, las cosas cambiarían para muchos si se hiciera la verdadera reforma del sistema de pensiones, esto es, su privatización, asumiendo el Gobierno los compromisos que tuviera que asumir según el camino elegido para hacer la transición de un sistema a otro y cortando drásticamente tanto derroche de recursos públicos como se produce en nuestro país. En esto último, incluso, tendrían que poner un énfasis especial si se empeñan en que la Seguridad Social siga en manos del Estado. Lo que ya no puede ser es que sigan tirando como tiran a manos llenas el dinero de los contribuyentes y encima les reduzcan su pensión para poder seguir haciendo de las suyas con los presupuestos, porque ese es el camino de vuelta a la pobreza.