Pese a tratarse de una consolidada autocracia y de un presunto Estado de Derecho, es difícil averiguar quién miente más, si Venezuela o España, en el caso de las estrechas relaciones que los etarras mantienen con el caudillo bolivariano. Porque aunque en una democracia sería deseable que los ciudadanos pudiéramos confiar en la honradez y en la buena voluntad de los políticos, en especial cuando de combatir al terrorismo se trata, el Ejecutivo de Zapatero ha acreditado durante estas dos legislaturas un grado tal de opacidad y complicidad con el entorno etarra que no nos queda más remedio que sospechar y temernos lo peor.
Al fin y al cabo, no se trata sólo de que alguien de tan acreditada solvencia como Jaime Mayor Oreja nos advirtiera hace meses que el Ejecutivo seguía empeñado en rendirse ante ETA o de que la propia banda declarara hace unas semanas otra tregua trampa con la que ir preparando el terreno para su regreso a las instituciones, sino de que, a día de hoy, ANV continúa aposentada en los ayuntamientos vascos y la autorización parlamentaria a negociar con los asesinos sigue sin derogarse.
Por consiguiente, cuando Moratinos guarda silencio ante las calumnias del embajador venezolano contra nuestros cuerpos de seguridad o cuando Caamaño pide no molestar a un Chávez que se mofa de todos los españoles cuando se niega a extraditar al etarra Cubillas, debemos plantearnos si el motivo de tamaña ignominia es el simple vasallaje hacia un régimen de extrema izquierda o, en realidad, una forma de evitar enturbiar el "proceso de negociación" con ETA.
La humillación ante Venezuela bien podría ser una manera de camuflar la decidida voluntad del Gobierno de no perseguir a ETA mientras ésta le lee el pliego de exigencias. Falta, pues, por averiguar si es Chávez, Zapatero o ambos, quienes no desean que Cubillas, el adiestrador de etarras en Venezuela, sea extraditado a España. Porque si algo demuestra este celo protector del déspota bolivariano hacia el etarra Cubillas es que, como sospecha el juez Eloy Velasco desde marzo y como muchos otros veníamos temiéndonos desde hace años, el país sudamericano se ha convertido en un paraíso para el terrorismo de extrema izquierda y, por tanto, en una amenaza directa a la seguridad de todos los españoles que ningún Ejecutivo debería tolerar ni un instante más.
El Gobierno socialista, sin embargo, sí parece estar dispuesto a aceptarlo, no sabemos si por pura pusilanimidad ante un régimen afín en lo ideológico o, habida cuenta del contexto de acercamiento a ETA y del historial de mentiras del que hace gala, para no enfadar a su interlocutor. Es decir, no sabemos si, como arguye Venezuela, el Gobierno español ni siquiera les ha pedido la extradición del terrorista Cubillas o si, habiéndola pedido, se contentan sumisos con la bravuconería chavista.
Sea como fuere, mienta Chávez, mienta Zapatero, lo que está claro es que el Ejecutivo ha subordinado, otra vez, la seguridad de los españoles a sus intereses partidistas, ideológicos y electorales. Otro motivo más, de los muchos que ya existen, para que sus miembros cesen de inmediato de sus cargos, pues un Estado que se niega a proteger a sus ciudadanos pierde la razón que legitima su existencia. Qué no pasará por tanto cuando un Gobierno, por acción u omisión, se dedica a no incordiar a un grupo criminal.