Posiblemente la economía española no tenga otro remedio que realizar un enérgico recorte del gasto público para tratar de reducir ese déficit que, aún con todo el maquillaje, sigue siendo insostenible y una de las principales amenazas para nuestro futuro. En este sentido, a los funcionarios puede no quedarles otro remedio que soportar recortes sustanciales en sus salarios, incluso superiores al 5% decretado por el Gobierno el pasado mes de junio. Al fin y al cabo, por tal camino han transitado otras economías en una situación similar a la española, como la griega o la irlandesa.
Sin embargo, una cosa es que al Ejecutivo no le quede otro remedio que volverse mucho más austero y otra que la austeridad sólo se aplique con criterios selectivos. Es cierto que el gasto en personal es una de las partidas más cuantiosas de los Presupuestos y a la que, por consiguiente, es más fácil echarle el diente. Pero ello no justifica que mientras se siguen reduciendo los salarios públicos, el despilfarro del Ejecutivo se mantenga o incremente en la inmensa mayoría de frentes: así las dádivas a los sindicatos, a los artistas de la ceja, a las constructoras amigas del partido y, sobre todo, a unas autonomías y entidades locales que dilapidan –sólo por su gestión ineficiente– más de 30.000 millones al año, el 3% del PIB.
Así, es comprensible que los funcionarios se escandalicen por la arbitrariedad de los recortes gubernamentales, sobre todo si tenemos en cuenta que la disminución real de sus salarios para 2011 va a ser notablemente superior a la anunciada por el Ejecutivo. Al mantener la reducción del 46% en las pagas extraordinarias de junio y diciembre, el próximo ejercicio los empleados públicos van a encontrarse con que sus remuneraciones caen casi un 7% más de lo reconocido. O dicho de otra manera, Zapatero les habrá bajado el sueldo alrededor de un 11% en año y medio.
De nuevo, no negamos que estas medidas puedan ser necesarias habida cuenta de la dramática situación en la que se encuentra nuestro país. Pero, primero, el Gobierno debería empezar por anunciarlas y no esconderlas en la letra pequeña de los Presupuestos; claro que ello casaría mal con la trayectoria de mentiras y nula transparencia a la que ya nos tienen habituados Zapateros y los suyos.
Y, segundo, resulta imprescindible no limitar aquí los recortes, sino emprender una revisión mucho más amplia de todas las partidas de gasto. Bien está que el Ejecutivo reclame esfuerzos a la población, pero el primero que debería dar ejemplo, suprimiendo todo el gasto superfluo con un contenido más claramente ideológico y caciquil, es él mismo. Pero, de nuevo, tal decisión no encajaría con el currículum tan marcadamente liberticida de este Gobierno.