Los resultados de algunas encuestas publicadas el pasado fin de semana sobre las elecciones autonómicas en Cataluña anticipan un panorama de pesadilla para cualquier demócrata preocupado por la degradación de la vida política. De confirmarse esos resultados, menos del 50% del censo acudirá a las urnas y más del 10% votará en blanco. La coalición de CDC y UDC acaparará casi el 40% de los votos y rozará la mayoría absoluta, mientras los dos principales partidos integrantes el tripartito se hundirían (PSC) y desintegrarían (ERC). La perspectiva de que Mas, Puig, Osàcar, etc., los líderes de CDC y principales responsables políticos del saqueo de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música orquestado por Millet y Montull mientras gobernaban la Generalitat de Cataluña, puedan volver a dirigir el Gobierno catalán y a controlar el Parlament produce escalofríos.
Todo el mundo goza de libertad para decidir no votar o votar en blanco, según encuentre más conveniente, pero permítanme que a unos pocos días de las elecciones del 28-N les anime a votar a alguna formación política. Soy consciente de que el abultado porcentaje de abstención y el insólito, por elevado, porcentaje de voto en blanco que pronostican las encuestas electorales tienen su explicación en el hastío que embarga a buena parte de los ciudadanos ante lo que considera el tercer problema de nuestra democracia: la clase política y la corrupción que con muchos tonos e intensidades ha hecho presa en ella. Sin embargo, antes de abstenernos o votar en blanco deberíamos pensar –como decía hace unas semanas Javier Marías– en el día después y preguntarnos si queremos ver de nuevo a CDC instalada en el gobierno de la Generalitat y a Artur Mas convertido en el Honorable President de Cataluña.
Si Mas tuviera un mínimo de dignidad habría dimitido ya hace muchos meses ante la acumulación de indicios documentales desde que se destapó el caso Palau en julio de 2009 que indican, más allá de toda duda razonable, que CDC se financió con comisiones pagadas por empresas a las que los gobiernos de Pujol y Mas adjudicaron obras y concesiones de servicios multimillonarias. Cuando muchos de los hechos que la justicia está investigando se produjeron, Mas era consejero de Economía (1997-2001) y primer consejero de la Generalitat (2001-2003), Daniel Osàcar, para quien el fiscal ha solicitado ya su imputación era el secretario personal de Mas (2000-2005), y Felip Puig su consejero de Política Territorial y Obras Públicas (2001-2003). Que Mas siga hoy en política y aspire a presidir el Gobierno de la Generalitat es una infamia incomprensible y una indicación del elevado nivel de putrefacción que ha alcanzado la política en Cataluña.
Puede ser que a falta de una opción que a nuestros ojos dignifique la actividad política tengamos que acudir a los colegios y acercarnos a las urnas con las narices bien tapadas, pero es casi una obligación moral ir el día 28 de noviembre a votar a cualquier otra formación distinta de CDC, el partido que ha protagonizado el escándalo más notorio cuantitativa y simbólicamente de financiación ilegal de nuestra democracia: el saqueo del Consorcio del Palau de la Música y, sobre todo, de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música, utilizada por Félix Millet para canalizar y blanquear las comisiones pagadas por las empresas beneficiadas por los Gobiernos de Pujol, Mas y Cía con adjudicaciones de obras públicas y concesiones de servicios. Porque si faltamos a la cita o acudimos y no votamos a otros partidos, estaremos facilitando el camino a Mas y al partido que se han presuntamente financiado desde al menos 1999 empleando mecanismos más propios de la mafia que de una organización política democrática.