La ilegal y salvaje huelga que iniciaron los controladores el viernes por la tarde y que fue interrumpida un día más tarde por el Gobierno, estado de alarma y militarización mediante, ha oscurecido el debate en torno a las reivindicaciones de los controladores, el motivo por el que, según alegaban, abandonaron sus puestos de trabajo y retuvieron a 300.000 personas en los aeropuertos.
El conflicto entre Aena y los controladores viene recrudeciéndose desde que en febrero de este año el Ejecutivo aprobara un decreto ley en el que incrementaba el número de horas ordinarias de su jornada laboral desde 1.200 al año hasta 1.670. Los controladores alegaron que la seguridad aérea se veía seriamente comprometida por esta "excesiva" carga de trabajo, aunque lo cierto es que, desde que en 2005 caducó su primer convenio colectivo, la gran mayoría de controladores ya venía trabajando alrededor de 1.800 horas anuales a través de la realización de más de medio millar de horas extraordinarias que a la sazón también estaban extraordinariamente pagadas.
El auténtico motivo de protesta, pues, no era que se les obligara a trabajar más, sino que se les rebajara de manera muy apreciable el sueldo minorando la cantidad de horas extraordinarias que podían realizar; algo contra lo que no debería de haber habido demasiado que objetar teniendo en cuenta que con el advenimiento de la crisis Aena pasó a perder enormes cantidades de dinero y que sus enormes salarios procedían de haberse convertido en un oligopolio dentro de un monopolio público.
Y es que, en efecto, los controladores, pese a que en público sostuvieran lo contrario, se sentían muy a gusto con la limitación de plazas que el Ejecutivo socialista venía imponiendo. La ecuación era sencilla: Aena no estaba sometida a la competencia y sus trabajadores más valiosos, tampoco. El resultado de todo monopolio siempre es el de elevar los precios, y aquí no hubo excepción.
Los controladores trataron de oponerse de dos modos a este decreto de Fomento. Por un lado, lo recurrieron ante la Audiencia Nacional, pero ésta desestimó su demanda. Por otro, si bien no declararon una huelga formal, sí desarrollaron continuamente huelgas de celo responsables en gran medida de los frecuentes retrasos en los aeropuertos españoles; su objetivo era conseguir una posición de fuerza a la hora de negociar el segundo convenio colectivo.
En agosto incluso llegaron a amenazar con convocar una huelga en plenas vacaciones de verano, pero a última hora se echaron atrás para no ver gravemente empeorada su imagen ante la opinión pública y, sobre todo, al creer que disponían de un as en la manga: si todos ellos se negaban a realizar horas extraordinarias, tenían calculado que las 1.670 horas ordinarias anuales no servirían para cubrir todas las necesidades aeroportuarias, de modo que las torres de control se quedarían vacías en algún momento de diciembre, momento en el que Gobierno y Aena se verían forzados a suscribir un convenio colectivo donde se consolidaran todos sus privilegios.
Pero esta treta tenía un problema: la definición que Aena y los controladores daban a una hora de trabajo ordinario no coincidían. Mientras que los controladores insistían en que en las 1.670 horas anuales se incluían también las actividades laborales de carácter no aeronáutico, Aena insistía en que no: los permisos sindicales, las bajas o las imaginarias (las horas fuera de su puesto de trabajo en las que los controladores permanecen localizables y disponibles) no computaban a efectos de horas máximas. Ante la confusión, la distinta interpretación de las partes y el inminente agotamiento de las horas máximas según las calculaban los controladores, el Gobierno aprobó el pasado viernes un decreto ley en el que clarificaba este punto, dándole la razón a Aena y frustrando las aspiraciones de Usca de poder negociar un privilegiadísimo segundo convenio desde una posición de fuerza. Tal fue el berrinche por el fracaso de su errada estrategia, que ese mismo viernes se levantaron de sus puestos y extendieron el caos por todos los aeropuertos españoles.
Los hay que han querido presentar la huelga salvaje como un ejercicio de rebelión cívica contra el Gobierno, pero nada puede haber más alejado de la realidad. Los controladores simplemente defendían sus prebendas laborales conseguidas a expensas de todos los españoles (pues sus inflados sueldos y condiciones no estaban sometidos ni a la competencia empresarial ni a la competencia laboral). Y para ello la vía ordinaria debe ser la de recurrir el decreto ante los tribunales o, en todo caso, declarar una huelga por el procedimiento legal.
No hay justificación alguna para el inadmisible comportamiento de este colectivo; ni en las formas ni en el fondo tenían razón y por ello hay que llamar a las cosas por su nombre aun cuando ello nos haga coincidir en muchos puntos con el Ejecutivo más nefasto de nuestra historia: los controladores cerraron el espacio aéreo español para conservar sus privilegios laborales. Ni rebelión cívica contra el Gobierno ni abnegada defensa de nuestras libertades: si el PSOE les hubiese concedido todas las prebendas que exigían, ni les hubiésemos oído rechistar ante todas las salvajadas que ha cometido y sigue cometiendo el Gobierno. El escollo para su mutuo entendimiento fueron las monedas de plata, no la dignidad de nuestra democracia. Esperemos que esta vez sí haya sanciones serias.