Se atribuye a Lenin la máxima de "pincha y si notas blando, sigue profundizando". Esta es, en cualquier caso, la pauta del régimen marroquí, ante la pasividad y condescendencia que nuestro Gobierno brinda a cada una de sus provocaciones. La última ha sido la que ha protagonizado un grupo de marroquíes, encabezado por el alcalde de la localidad de Beni Enzar, el también senador Yahyia Yahyia, y el regidor de Beni-Chicar Mohamed Aurag, que han intentado apoderarse de dos manantiales que abastecen a la ciudad autónoma de Melilla como forma de protesta por que el parlamento español condenara la violación marroquí de los derechos humanos en el Sahara. Se trata de las fuentes de Trara y Yasinen, que surten de agua del Monte Gurugú a la ciudad autónoma desde hace por lo menos medio siglo, en tiempos del Protectorado español. Aunque los bravucones mandatarios marroquíes no consiguieran su propósito de cortar un suministro tan esencial gracias a que los guardas españoles que vigilan las citadas fuentes no se marcharan nunca de allí, es bochornoso que nuestro Gobierno no haya elevado la menor queja ante unas amenazas como las proferidas por estos cargos públicos de Marruecos.
La pasividad española ante esta nueva provocación marroquí es aun más deplorable cuando esta última se suma a las que grupos marroquíes han venido haciendo desde hace unos días al convocar una marcha "por la liberación" de Melilla para este sábado o la reciente declaración del propio parlamento marroquí instando a su Gobierno a que exija la soberanía de Ceuta y Melilla.
Naturalmente, ante es último incidente, no exigimos al nuestro que mate moscas a cañonazos, pero sí, desde luego, que impida que estas se conviertan en halcones animados a llevar las cosas a más por falta de una respuesta mínimamente firme por nuestra parte. Precisamente para evitar males mayores, el Gobierno español debería no sólo hacer una protesta pública sino incrementar las dotaciones policiales, incluso militares, en una zona donde las tensiones pueden ir a más en los próximos días.
En cualquier caso, lo que es evidente es que la indigna renuencia del Ejecutivo español a condenar actos tan execrables como los perpetrados por Marruecos hace escasas semanas en el Sahara no se borra con la tibia y tardía condena que finalmente tuvo que suscribir el PSOE para no quedarse solo en el Congreso. Y, desde luego, esa pusilanimidad, como ha quedado por enésima vez en evidencia, lejos de aplacar las provocaciones de Rabat, no hace otra cosa que alentarlas. Esperemos que el Gobierno español no prosiga haciendo el avestruz con Marruecos ni espere a reaccionar, tal y como es su costumbre, a que el problema se haya hecho tan grande que difícilmente tenga solución.