Aunque desgraciadamente no es un caso único en Iberoamérica, la Venezuela chavista ocupa un lugar destacado entre los países de la región en los que los Ejecutivos pretenden acallar cualquier voz crítica con el poder. En un escenario continental en el que se multiplican las leyes destinadas a acallar los medios no controlados por los Gobiernos, Hugo Chávez es desde hace años un ejemplo a seguir por personajes como el boliviano Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa o la ex primera dama y actual presidenta argentina Cristina Fernández.
Ahora, el venezolano ha vuelto a adelantarse a sus pares populistas de izquierdas con una inesperada reforma de su propia "ley mordaza". El vicepresidente chavista, Elias Jaua, ha remitido a la Asamblea Nacional (hasta que comience la próxima legislatura, con una mayoría oficialista aplastante debido a que la oposición boicoteó las elecciones en las que se configuró la actual cámara) un proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como "Ley Resorte".
En el texto remitido a ese parlamento "títere" se incluyen fuertes medidas de control de internet, imaginables tan sólo en países como Vietnam o Arabia Saudí. Aunque todo el sistema de sanciones y prohibiciones no está pensado de forma exclusiva para la red, su aplicación a la misma podría hacer que tan sólo en Cuba o Corea del Norte fuera menos libre que en Venezuela. Así, el país caribeño va camino de convertirse en uno de los pocos del mundo en los que un proveedor de internet puede ser castigado por permitir el acceso a sitios web en los que haya mensajes anónimos, algo que ocurre en China y pocos lugares más.
La lista de contenidos por los que los medios, tradicionales y electrónicos, pueden ser sancionados es tan larga como absurda. Mostrar o describir escenas de violencia ficticia o real (esta última tan sólo se permite en informativos y cuando acaba de tener lugar), mencionar la existencia de prostitución o del consumo de drogas o alcohol son motivos suficientes para que una empresa de comunicación, incluidas las de internet, sea castigada. Y, por supuesto, no faltan los motivos políticos.
Aunque escritas con suficiente ambigüedad para que parezcan responder a necesidades de estabilidad o convivencia, las prohibiciones en materia política suponen un auténtico freno a la libertad de expresión fuera o dentro de ella. Así, se castiga entre muchos otros cualquier mensaje que la gubernamental Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) estime que incita o promueve la intolerancia por diversas razones, incluida la política. Pero hay dos casos especialmente sangrantes que recuerdan a las legislaciones de países como China y Cuba. Se castigan los contenidos que las autoridades estimen que tienen como objetivo crear "zozobra ciudadana o alterar el orden público" y también aquellos destinados a "irrespetar los Poderes Públicos o personas que ejerzan dichos cargos".
Los proveedores de internet podrán ser castigados por permitir acceder a cualquier contenido de los citados con anterioridad, todos ellos presentes en la red. Tan sólo mediante un rígido control, caro y complicado, de todos los contenidos existentes en internet pueden evitar ser sancionados cuando quiera el poder. Ante eso no les quedaría más remedio que bloquear el acceso al 99% de la web y vigilar el 1% restante por si algún opositor osa criticar a Chávez en una red social o página web. Muy parecido a lo que ocurre en China.