La gente no puede llamarse a engaño: todos los organismos, estudios e informes coinciden en que si el actual sistema público de pensiones no se reforma quebrará antes de 2025. El porqué es muy simple: cada vez hay menos cotizantes (trabajadores) y más beneficiarios (pensionistas) por lo que la cuantía de lo que los empleados pagan cada mes a la Seguridad Social está a punto de ser menor que lo que tienen que cobrar los jubilados. Ante este horizonte, caben dos posibilidades: hacer el avestruz y negarse a ver el problema, o bien afrontarlo. Claro que el problema se puede afrontar, a su vez, de dos maneras diferentes.
Por una parte están los que pretenden hacer sostenible el actual sistema público de reparto, para lo cual no hay más remedio que sacrificar a pensionistas y cotizantes con mayores impuestos, una menor cuantía de las pensiones, un retraso en la edad de jubilación o una combinación de ambas cosas.
Por otra, estamos los que abogamos por la paulatina pero decidida transición de un sistema público de reparto a un sistema de capitalización privado, cuya sostenibilidad no pasa, a diferencia del anterior, por el persistente perjuicio de sus supuestos beneficiarios.
A la vista del nada claro "principio de acuerdo" alcanzado este miércoles por la comisión del Pacto de Toledo, no sabríamos decirles con seguridad si nuestra clase política sigue instalada en no querer ver el problema o sólo pretende parchearlo con insuficientes reformas que, no por reducir las pensiones de los futuros jubilados, van a lograr hacer sostenible el ineficiente, colectivista y coactivo sistema de reparto. Lo decimos porque el único cambio que se han atrevido a anunciar –sin cuantificar– es la ampliación del periodo de cálculo del importe de las pensiones, que no es otra cosa que una rebaja encubierta de la inmensa mayoría de ellas. Y esto es así porque casi todos los trabajadores alcanzan sus mayores retribuciones y, por tanto, sus mayores cotizaciones, al final de su vida laboral. Hasta ahora, para calcular la pensión se tomaban en cuenta los últimos quince años de trabajo, pero al ampliar el periodo a 20 ó 30 años –hay quien habla de toda la vida laboral– las pensiones sufrirán una rebaja media no inferior al 10%.
Por otra parte, no hay que olvidar que, aunque se trate de un secreto a voces, en Bruselas ya se ha llegado a la conclusión, y desde hace meses, de que no sólo es necesario ampliar el periodo de cálculo de las pensiones para poder rebajarlas, sino también retrasar la edad de jubilación por lo menos hasta los 67 años. Sin embargo, el Gobierno sólo se ha atrevido a deslizar esa posibilidad, sin que nadie se atreva a defenderla claramente por el coste electoral que ello conllevaría. Y en esas estamos: sin que nadie se atreva a defender lo que en cualquier caso no son sino parches para sostener un sistema ineficiente que rehúye la auténtica solución que no es otra que la transición a un sistema competitivo de capitalización individual. A diferencia del actual y obligatorio modelo colectivista de reparto, en el modelo de capitalización individual, propio de los planes de pensiones privados, el dinero que cualquier contribuyente –mejor dicho, cliente– aporta a su plan de pensiones no es utilizado para pagar a los que ya están jubilados. El dinero aportado por cada cliente está a su nombre, invertido en lo que él elige, y el día que se jubile su pensión procederá de ese dinero que ha ido aportando durante su vida laboral más los rendimientos que les ha generado.
Se trata sin duda de una transición que ha de ser necesariamente paulatina y compleja, puesto que hay que respetar los derechos adquiridos, pero eso no debe ser impedimento para acometerla, vistos los exitosos resultados que se han alcanzado en los países que se han atrevido a llevarla a cabo. Lo que no podemos es sacrificar en el altar de la falsa sostenibilidad del sistema público de pensiones el bienestar de los futuros pensionistas. Es el sistema el que ha de estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del sistema.