La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo ha aprobado por mayoría sus recomendaciones para la "reforma" de las pensiones, con la oposición de ERC, IU, ICV y BNG. Estos partidos de izquierda han justificado su negativa a suscribir las recomendaciones del informe alegando que consideran el texto lo suficientemente ambiguo como para que el Gobierno haga la reforma de las pensiones que desea sin incumplirlo.
El problema, sin embargo, está en que el texto es, efectivamente, tan sumamente ambiguo que el Gobierno podría incluso no hacer reforma alguna, también sin incumplirlo. Nos referimos, naturalmente, a una reforma encaminada a evitar –y no a adelantar– la quiebra del ineficiente y coactivo sistema público de pensiones que padecemos, que es a lo que se supone que iban dirigidas estas recomendaciones. Y lo decimos porque de las 21 que integran el informe de marras, las únicas que concretan y se comprometen a algo son las dirigidas a solicitar la ampliación de la pensión de viudedad para los mayores de 65 años cuyo ingreso principal sea esta prestación, así como alargar la pensión de orfandad hasta los 25 años. Eso, por no hablar de las recomendaciones encaminadas a estudiar que las pensiones se revaloricen respecto al aumento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones.
Como ven, todas estas sugerencias, y otras que nos dejamos en el tintero, lejos de solucionar o de paliar el problema de nuestro sistema de pensiones, no vendrían sino a agravarlo. Y es que el problema no es otro que el hecho de que cada vez hay menos cotizantes (trabajadores) y más beneficiarios (pensionistas), por lo que la cuantía de lo que los empleados pagan cada mes a la Seguridad Social está a punto de ser menor que lo que tienen que cobrar los jubilados.
Se supone que, ante este problema, las recomendaciones de reforma para hacer sostenible el ineficiente sistema público de reparto, al contrario de las señaladas, deberían de pasar por reducir la cuantía de las pensiones y por retrasar el momento de su percepción. A ello iban dirigidas, aun de manera insuficiente, las propuestas de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de los 15 a los últimos 20 años de vida laboral, o la de retrasar la edad de jubilación a los 67 años de edad.
Sin embargo, ninguna de estas dos medidas, o de naturaleza parecida, ha sido incluida en el informe que nos ocupa. La recomendación que más se aproxima a una de ellas es la que se muestra favorable a algo tan bochornosamente ambiguo como que el cómputo de la pensión "se modifique para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajo". ¿Y esto cómo se traduce o se cifra?
En cuanto, a lo del retraso de la edad de jubilación a los 67 años, ni se mienta. A este respecto, y dentro del bochornoso espectáculo que ha vuelto a dar nuestra clase política en la Comisión del Pacto de Toledo, especialmente vergonzosa ha sido la actitud del PSOE: mientras Zapatero había anunciado una voluntad firme de aplazar la edad de jubilación "con todas sus consecuencias", este miércoles el grupo socialista lo ha rechazado. Su portavoz en la citada comisión ha tratado de justificar semejante espectáculo diciendo que "creemos que la edad legal de jubilación debería alargarse a los 67 años pero ponemos en valor, por encima de todo, el alcanzar un consenso aquí en el Pacto de Toledo".
El caso es que el retraso de la edad de jubilación y la reducción de la cuantía de las pensiones no es tanto una opción de Zapatero, como una exigencia tanto del propio sistema público de pensiones como de Bruselas. Algunos de los partidos que ahora no se atreven a secundar a Zapatero –incluido el suyo– no tendrán otro remedio que aprobar en el parlamento lo que ahora no apoyan como recomendación en el Pacto de Toledo. Eso, o arriesgarse a que nuestros socios nos expulsen del euro, por no hablar de las consecuencias devastadoras que también tendría no hacerlo para el sistema de pensiones a un, cada vez más menguante, largo plazo.
Lo que queda patente, en cualquier caso, es la ilimitada irresponsabilidad de una clase política que no tiene más fijación que el cortoplacista cálculo electoral, sin importarle las devastadoras consecuencias que ello tenga incluso para el ineficiente y coactivo sistema de reparto por el que dice abogar.