El liberalismo nace de la desconfianza hacia el poder. Cuando tantos reformadores han mirado a la política como una herramienta con la que alcanzar sus fines –en unos casos benéficos, en otros no–, el liberalismo encuentra en ella un peligro para las libertades: para el poderoso el poder termina siendo, si es que no lo fue desde el principio, un fin en sí mismo. Difícilmente podría pensarse en un mejor cartel publicitario para nuestra doctrina que Alfredo Pérez Rubalcaba.
La carrera política del actual vicepresidente en el Gobierno de España comenzó en los años 80, cuando fue el principal responsable de la elaboración de la LOGSE, una de las peores leyes de nuestra democracia, como secretario de Estado de Educación. Premiado primero con el ministerio del ramo, poco después pasó a Presidencia, donde se distinguió en labores de portavoz negando que el Gobierno hubiera tenido nada que ver con el GAL. Y una vez en la oposición ejecutó un rol estelar en el indigno papel del PSOE durante la jornada de reflexión del 13 de marzo de 2004, cuando él, precisamente él, dijo aquello de que España no se merecía un Gobierno que mintiera.
Una vez incorporado al Ejecutivo dirigido por Zapatero, ha destacado por sus numerosas mentiras durante el fracasado proceso de rendición ante ETA, cuando nos aseguró que había "verificado" que la banda había dejado las armas mientras intentaba ocultar que seguía rearmándose y chantajeando a los empresarios vascos para financiarse. Además de ser el responsable político del chivatazo, asunto por el que siempre se ha negado a dar la cara.
Con semejante currículo, no debería sorprender la desvergüenza con que ha dirigido la nula reacción del Gobierno ante la declarada intención de CiU y el PSOE catalán de violar la ley, incumpliendo las sentencias que obligan a tratar a quienes quieran que sus hijos reciban la enseñanza en castellano en igualdad de condiciones con quienes optan por el catalán. Después de eludir el tema durante semanas con la patética excusa de que no había leído la sentencia, inaceptable en un Gobierno que tiene entre sus obligaciones hacerla cumplir, finalmente ha optado por despachar el tema negando, con tono de perdonavidas, que el Tribunal Supremo diga lo que dice.
Que el modelo de inmersión lingüística que impide que los niños cuyos padres así lo desean opten por el castellano como lengua vehicular de la enseñanza es anticonstitucional es evidente. Lo han dejado claro muchas sentencias, de las cuales ésta es sólo el último ejemplo, notable por cuanto toma el Estatuto afeitado por el Constitucional como referencia. Pero cualquier sentencia que emita el Poder Judicial es papel mojado si el Ejecutivo no la hace cumplir. Y, evidentemente, el Gobierno por boca de Rubalcaba ha dejado claro que no va a mover un dedo para proteger los derechos de los ciudadanos catalanes.
¿Por qué iba a hacerlo? Al fin y al cabo, las libertades no son más que un obstáculo para el poder. Como se ve en otros ejemplos recientes, como el anteproyecto de ley de igualdad de trato, lo importante para Zapatero, Rubalcaba y los suyos es mandar para moldear la sociedad a su antojo. Y una sociedad en la que en Cataluña se pueda estudiar en castellano no les interesa.