A pesar de que se le acusa de lo contrario, si de algo no anda ayuno el Ejecutivo es de ideas. El problema es que todas son malas y sólo persiguen que el actual inquilino de la Moncloa o su previsible sucesor se perpetúen en el poder. La última ocurrencia liberticida del Gobierno ha venido de la mano de Ramón Jáuregui, ministro de Presidencia, que ha anunciado la próxima creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales con capacidad sancionadora. Abreviando, un remedo a nivel nacional del funesto CAC catalán, que se encargue de amordazar a las televisiones críticas con el poder.
Jáuregui, que ha protagonizado una de las comparecencias de contenido más surrealista de cuantas se recuerdan en su ministerio, cree que "tenemos que hacer una reflexión en el país sobre los contenidos de las televisiones", un esfuerzo que, según él, han de protagonizar las propias emisoras. Si no lo hacen ahí estará ese consejo "para ayudarlas". Ni haciéndolo aposta habría el ministro cuadrado de manera tan magistral el fondo con la forma, totalitarias ambas. El nuevo artilugio en manos del Gobierno se convertiría de este modo en una "ayuda" para que las televisiones dejen de programar lo que incomoda al poder político. Todo en aras de una supuesta "entronización de falsos valores" que, presumiblemente, atentan contra los principios democráticos.
Los "falsos valores" que perseguiría el consejo audiovisual serían aquellos "devaluados de convivencia" (sic) que difunden "determinados personajes de escaso mérito como modelos sociales". Un fiel retrato de la telebasura con la que las cadenas afines al Gobierno alimentan su parrilla de programación. Jáuregui, sin embargo –corrección política mediante–, no ha querido dar nombres, pero sí insistir en que una de las labores del consejo será poner freno a cierto "clima de crispación y enfrentamiento" que, siempre según él, se promociona desde algunas emisoras de televisión.
La clásica coartada de enunciar un mal menor reconocido por todos pero, a fin de cuentas, inevitable, para que el poder político pueda invadir un terreno que hasta el momento le estaba vedado. Con el consejo en funcionamiento no cabrá pues más apelación que al propio consejo, que de un modo necesariamente arbitrario, se constituirá en juez y parte de las buenas formas televisivas. Como parece altamente improbable que el Gobierno incomode a sus terminales mediáticos habituales que son, por añadidura, los que con diferencia más telebasura emiten, sólo cabe pensar que este consejo nace para acallar las crecientes críticas al Gobierno que se dan en canales de TDT de nuevo cuño como Intereconomía, Veo7 o LDTV, antena televisiva de Libertad Digital.
Sería, pues, una suerte de consejo creado para parchear un problema concreto de un momento concreto, el del alarmante descrédito del decadente tardozapaterismo en el que nos encontramos inmersos, reprimiendo una de las libertades ciudadanas más básicas como es la de prensa. Como en el caso de otras leyes de ralea semejante, el consejo audiovisual no conseguiría más que castigar severamente a unos para que los poderosos gocen de una injustificada impunidad. Un clásico de este Gobierno que, sabedor de que el país le ha dado ya la espalda, trata por todos los medios de atornillarse al poder cueste lo que cueste.