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Jorge Vilches

Contra este Senado

El galimatías autonómico ha dado como consecuencia un Senado inoperante, siempre amenazado de reforma, que no ha conseguido una mejor vertebración de España.

El vergonzoso episodio de la traducción simultánea en el Senado parece que despierta ahora la crítica a una institución que ha demostrado su inoperancia desde su creación. Sin embargo, esta Cámara Alta constituye uno de los errores que se cometieron durante la Transición, y que se acabó plasmando en la Constitución de 1978. Entonces se tuvo por bueno todo aquello que pareciera vagamente antifranquista, y los nacionalistas lo parecían. Los hombres de la Transición creyeron que la organización territorial del Estado debía hacerse con una fórmula que satisficiera a los nacionalistas, quienes sólo pueden tener satisfacción en la independencia, en la creación de su propio Estado. Y así nació el contradictorio y ambiguo artículo 2, que habla de la "unidad de la nación española" y de las "nacionalidades" que la componen, pero también el Título VIII, que ha dado lugar al galimatías administrativo, político y económico actual, y el Senado.

El Senado se presentó como respuesta a la necesidad de dar voz a los territorios, a esas "nacionalidades" y regiones que componían el país. Pero, en realidad, por su composición el Senado obedece más a un principio representativo mixto, en el que los senadores son elegidos por los ciudadanos en cada provincia, no por comunidad autónoma, y una cuarta parte es designada por los parlamentos autonómicos. Es decir; el sistema es directo, pero también indirecto; y es provincial, pero también autonómico. Los constituyentes no quisieron acudir a un sistema directo popular, como en Estados Unidos, o institucional, como el del Bundesrat alemán, donde los senadores son representantes de los gobiernos de cada Estado federado. En este último caso sí componen una verdadera representación territorial, distinta a la del Bundestag, nuestro Congreso de los Diputados, que es elegido por los alemanes con un sistema proporcional.

De esta manera, el Senado español no cumple con el propósito de ser una cámara de representación territorial verdadera, y no hay diferencia con el Congreso. Es más; es esta última Cámara la que sí realiza esa función, pues el nacionalismo y el regionalismo se han convertido en la clave política principal del voto en casi todas las autonomías. Este acontecimiento ha supuesto que el peso de los partidos nacionalistas y regionalistas sea muy importante en el Congreso representando a sus territorios, y convirtiéndose por su cantidad de diputados en el instrumento para la aprobación de proyectos y proposiciones de ley. La conclusión es que el Congreso desempeña verdaderamente la función que dio vida al Senado.

Tampoco tiene el Senado español actual una función colegisladora digna de relevancia, pues el Congreso, del que finalmente emanan todos los poderes, puede sobreponerse al veto senatorial, dejando en agua de borrajas el contrapeso que dicha Cámara pudiera ejercer. Óscar Alzaga, el democristiano que en la Transición lideró el Partido Demócrata Popular que se integró en UCD y luego en Alianza Popular, justificaba el simbólico papel legislativo del Senado diciendo que su misión era el "enfriamiento"; es decir, alargar el proceso. Pero dilatar los procesos no es útil de por sí, máxime si la composición de ambas cámaras es la misma.

La reforma del Senado ha sido un tema que nació con la misma creación de dicha Cámara. El motivo es la voracidad de los nacionalistas, alimentada por un inconsistente Título VIII de la Constitución, y por unos partidos estatales, el PSOE y el PP, cuya necesidad de mantener o de conseguir el poder les ha enviado a los brazos de los partidos nacionalistas. De este modo, el galimatías autonómico ha dado como consecuencia un Senado inoperante, siempre amenazado de reforma, que no ha conseguido una mejor vertebración de España.

Una Cámara Alta es conveniente siempre que sirva para representar intereses distintos y democráticos, claro está, a los que representa la Cámara Baja (territoriales unos, generales otros), y que, si además es capaz de contrapesar, controlar o vigilar eficazmente a los otros poderes del Estado, mejor. Lamentablemente, nuestro Senado no cumple ninguno de estos requisitos.

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