Aunque no haya que lanzar las campanas al vuelo, la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de impulsar la investigación del "caso Faisán" con la práctica de nuevas diligencias constituye, sin duda alguna, una espléndida noticia para todos aquellos que desean que se castiguen las responsabilidades penales del soplo policial que, en pleno proceso de negociación, evitó la detención de los jefes de extorsión de la banda terrorista.
El juez Ruz ha empezado por reconocer en su auto una evidencia, a la que tanto el juez Garzón como la propia Fiscalía se negaban o a la que querían dar carpetazo: a saber, que semejante soplo al aparato de extorsión de ETA es constitutivo de un delito de colaboración con banda armada y otro de revelación de secretos que sólo pudieron ser perpetrados por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado; los únicos que tenían conocimiento del seguimiento policial ordenado por el juez Grande Marlaska.
Asimismo, el juez Ruz transforma las diligencias en sumario al tratarse de delitos susceptibles de ser castigados con penas superiores a nueve años de cárcel. Ello supondrá que el archivo de la causa, requerido tan insistente como escandalosamente por la Fiscalía, ya no es una decisión que depende del instructor sino de la sala de lo penal.
Entre las nuevas diligencias que el Juez Ruz ha mandado practicar, hay algunas tan decisivas como la que solicita un nuevo informe pericial de la Guardia Civil para analizar los cortes del video donde se grabaron los movimientos del bar Faisán ese día, y del que de forma sospechosa se borraron las imágenes del momento clave en el que se produjo el soplo.
Del mismo modo, el juez quiere reconstruir todo el flujo de llamadas, incluidas las realizadas desde Francia y las efectuadas con tarjetas de prepago, y la cadena de custodia del video. Se trata, en definitiva, de reconstruir de cabo a rabo y ampliar la instrucción del juez Garzón que no hizo prácticamente nada para averiguar lo sucedido.
En este sentido, haría bien el juez Ruz en atender la solicitud que le ha hecho una de las partes personadas en la causa, Dignidad y Justicia, consistente en averiguar los tres números dependientes de la Subsecretaría del Ministerio del Interior que mantuvieron contacto con los imputados en la causa: el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava, responsables policiales en el momento en el que se produjo el chivatazo.
También sería exigible que el juez Ruz tuviera el coraje de tomar declaración al presidente del PSE Jesús Eguiguren, quien, como consta en la causa, visitó en la víspera del chivatazo al dueño del bar Faisán y presunto responsable financiero de la banda, Joseba Elosúa. No menos interés tendría recabar el testimonio de otro interlocutor del Gobierno y del PSOE con la banda terrorista: el actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, quien durante el "proceso de paz", poco después del chivatazo, y según documentación incautada en Francia a los terroristas y que obra en poder de la juez Laurent Levert, señaló a la ETA la comisión de este soplo como prueba de la voluntad del Gobierno de Zapatero de seguir avanzando en el "diálogo" con la banda. Se da la circunstancia, además, de que esta versión de la justificación del chivatazo es plenamente coincidente con la que, según Elosúa, le transmitió el responsable policial en el momento de darle el soplo por teléfono.
Aunque todo apunta a que este delito de colaboración con banda armada, lejos de deberse a un cruzamiento de cables de policías que lo perpetraron motu proprio, obedecía a ordenes del Ministerio del Interior que ya encabezaba Rubalcaba y al interés de no poner en peligro con detenciones el repugnante proceso de negociación del Gobierno con la banda, no deberíamos esperar a que se dilucidarán las responsabilidades penales para tener claras las responsabilidades políticas. Así, Rubalcaba como responsable político de Interior en el momento de producirse tan abyecto delito policial debería de haber dimitido ya, aun en el hipotético caso de que tuviera tan nula implicación en el soplo como la tuvo el dimitido Antonio Asunción en el momento en que se produjo la fuga de Roldán. Si, por el contrario, se demostrase con el tiempo que fue el ministro del Interior el que dio la execrable orden de perpetrar el soplo, lo que tendría que hacer Rubalcaba no es ya dimitir, sino ingresar en prisión.