Los datos extraídos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) van más allá del peor de los escenarios que el Gobierno había dibujado hace solo dos años. Cerca de 4,7 millones de desempleados, un 20,4% de la población activa, 1,32 millones de hogares sin trabajo, 1,6 millones de desempleados que no perciben ningún tipo de prestación, más de dos millones de parados de larga duración, un paro juvenil que supera cómodamente el 40% entre los trabajadores que tienen entre 16 y 25 años, siete comunidades autónomas con la tasa de desempleo por encima del 20%, dos de ellas por encima del 25%... y un largo etcétera que sitúa a España a la cola de Europa en todos los indicadores estadísticos que analiza la encuesta.
Nos encontramos, pues, más que ante un problema de orden económico, ante un drama humano de primera categoría que podría traer consecuencias imprevisibles y necesariamente dañinas para nuestro país. En los casi tres años que llevamos de crisis, la economía española ha destruido empleo a una velocidad vertiginosa. Nuestro mercado laboral no ha sido capaz siquiera de tomar aliento durante los dos últimos veranos, temporadas en las que las contrataciones temporales aumentan de un modo significativo. En definitiva, el galopante desempleo es, más que ninguna otra cosa, la constatación más clamorosa del absoluto fracaso de la política económica de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los planes de "estímulo" trazados por el Gobierno han conseguido exactamente lo contrario de lo que se proponían. En lugar de crear empleo, anestesiaron ligeramente el mercado al principio de la crisis, que continuó su inexorable rumbo cuando el dinero de las innecesarias obras de los planes E se había esfumado. A día de hoy el Gobierno, quemadas las naves del gasto público y las políticas expansivas de endeudamiento, se encuentra en estado de shock y no sabe como atajar la sangría.
El hecho es que, con este Gobierno o con el que venga después, los problemas del mercado laboral español van a persistir. Las empresas privadas, únicas generadoras de empleo real, han entrado en el círculo vicioso de la crisis y se ven obligadas a realizar un ajuste tras otro sobre el único factor del que disponen en una economía tan hiperregulada e hiperfiscalizada como la española. Eso las que consiguen resistir los embates de la recesión; otras directamente echan el cierre arrojando cada día a miles de nuevos parados –todos con nombre y apellidos– a las oficinas del INEM.
Lo peor es que ya no queda ni tiempo ni recursos para aplicar parches de urgencia o administrar aspirinas de dudosa eficacia. Es hora de acometer reformas en profundidad sobre el rígido y obsoleto sistema de relaciones laborales que impera en España desde tiempos del franquismo. Un sistema que fomenta la improductividad, nos condena a liderar siempre y en cualquier circunstancia las listas de desempleo de la OCDE y que, por culpa de los privilegios adquiridos, envía de un modo masivo al paro a las generaciones más jóvenes, provocando un síndrome de expectativas disminuidas como los que padece la juventud de muchos países del Tercer Mundo.
Lo que nos debe quedar claro es que el problema del paro, que ya ha adquirido tintes de tragedia nacional, no se va a solucionar solo ni aplicando viejas recetas. Un desafío para nuestra clase política que, de una vez por todas, debe abandonar las supercherías autocomplacientes en las que retoza desde hace más de treinta años. Ha llegado el momento de que nuestro mercado laboral haga la transición a la democracia.