Cada vez que Zapatero se reúne con Mas en La Moncloa para tratar asuntos referidos a Cataluña, los ciudadanos del resto de España salen perjudicados en su soberanía o en su bolsillo sin que ambas circunstancias sean necesariamente excluyentes. Ocurrió con el nuevo estatuto de aquella nacionalidad, antes comunidad autónoma, y ha ocurrido ahora a cuenta de los principios de racionalización del gasto público que ZP exige a las otras dieciséis autonomías.
El artículo 138 de la constitución que ZP juró cumplir y hacer cumplir prohíbe taxativamente la existencia de privilegios económicos o sociales entre comunidades, exigiendo que se trate a todas las autonomías con idéntico criterio en función del principio de solidaridad territorial. Sin embargo, el Gobierno socialista permite a la autonomía más endeudada de Europa aumentar su nivel de deuda, mientras a otras, gobernadas por el PP, les niega el mínimo auxilio para equilibrar sus cuentas en medio de una crisis devastadora. La comunidad autónoma catalana tiene una deuda viva de unos cuarenta mil millones de euros, por unos mil ochocientos en el caso de, pongamos, Murcia. Ambas han incurrido en el mismo porcentaje de déficit durante el año pasado –aunque por distintos motivos–. En consecuencia, a los nacionalistas catalanes se les permite un lanzamiento de bonos patrióticos por 7.000 millones y a los dirigentes populares del sureste se les deniega la posibilidad de pedir prestados 500 millones con los que enjugar la falta de financiación a que el Gobierno central somete a las regiones desafectas.
La consecuencia inmediata es que los auténticos separatistas catalanes, los que queremos realmente la independencia de Cataluña, estamos cada vez más frustrados con la pusilanimidad de Arturo Mas, quién lo iba a decir con ese mentón. Y es que eso de venir a pedir permiso a Madrid para lanzar una salva de bonos patrióticos no es muy compatible con la dignidad exigida al primer mandatario de una nación, como pretende serlo el presidente de la Generalidad catalana. ¿Desde cuándo un país pide permiso a otro para reorganizar sus finanzas? Es más, si Mas aspirara realmente a devolverle a la nación catalana los derechos usurpados por el centralismo ibérico, qué mejor ocasión para proclamar el fin de la sumisión a Madrid que la actual hecatombe financiera provocada en las cuentas catalanas por el tripartito, sobre todo teniendo en cuenta que, según afirma el nacionalismo más ortodoxo, la independencia traería aparejado de forma inmediata un crecimiento económico sin precedentes en su historia.
La solución a esta paradoja es que, evidentemente, ni Arturo Mas ni los nacionalistas talluditos quieren realmente separarse de España, porque se sienten muy cómodos usufructuando el esfuerzo ajeno bajo la amenaza de castigarnos con su indiferencia si no aflojamos la pasta en la medida en que consideran suficiente. Por eso, a aquellos que defendemos la independencia de Cataluña sólo nos queda la esperanza de que las juventudes de los partidos nacionalistas actúen con la honestidad intelectual y la altura de miras propias de la edad, y acaben obligando a sus mayores a cumplir aquello que les llevan prometiendo desde que empezaron la guardería: un país soberano separado de España de forma definitiva. Hay cuarenta y siete mil millones de razones para apoyarlos.