La Audiencia Nacional condenó en marzo de 2010 al proetarra Arnaldo Otegi como autor probado de un delito de enaltecimiento del terrorismo a dos años de prisión "e inhabilitación absoluta durante dieciséis años, que conlleva la privación definitiva de todos los honores, cargos y empleos públicos que tenga el penado aunque sean electivos y la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena".
Ni que decir tiene que esta condena, conforme a derecho, y especialmente en lo referente a la pena de inhabilitación, dejaba fuera del juego institucional a Arnaldo Otegi –ese "hombre de paz" que diría Zapatero–, aun en el caso de que los batasunos volvieran ahora a sortear la Ley de Partidos. El Tribunal Supremo, sin embargo, acaba de levantar ese obstáculo, al menos temporalmente, con una bochornosa sentencia que anula la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional y que obliga a la repetición del juicio.
Ni que decir tiene que el Alto Tribunal no ha justificado su vergonzosa resolución alegando estas razones extrajurídicas –hacerlo equivaldría a perpetrar y reconocer, al tiempo, un delito de prevaricación–; pero, no pudiendo tampoco cuestionar la validez jurídica de las irrefutables pruebas sobre las que descansa la condena de Otegi por parte de la Audiencia Nacional, ha optado por cuestionar la imparcialidad del tribunal enjuciador, tal y como pretendía la defensa del batasuno. La base de tan grave cuestionamiento por parte del Supremo es algo tan escandalosamente nimio e irrelevante como el comentario que hizo la presidenta del Tribunal al negarse Otegi a responderle si condenaba la violencia de ETA: "Bueno, ya lo sabía. Puede sentarse".
El Tribunal Supremo, que gasta tinta para defender algo que nadie cuestiona como es la importancia de la imparcialidad de jueces y magistrados, tiene la poca vergüenza de considerar que "la pregunta formulada por la presidenta del Tribunal y, muy especialmente, su reacción al negarse el recurrente a contestar, pueden interpretarse, desde perspectivas objetivas como una expresión de una opinión ya formada, previamente o al inicio del juicio, acerca del significado que cabría otorgar a las palabras pronunciadas por el recurrente que, a juicio de las acusaciones, constituían un delito de enaltecimiento del terrorismo".
Ignoramos de qué planeta va a surgir un magistrado que, antes del juicio, ignore quién es Arnaldo Otegi y las veces que éste se ha negado a condenar la violencia de ETA. En cualquier caso, la pregunta de la presidenta del tribunal era sumamente pertinente de cara a dejar patente en sede judicial la negativa del acusado a condenar la violencia de ETA, cuestión esta decisiva si Otegi estaba siendo juzgado precisamente por un delito de enaltecimiento de un etarra preso. El comentario de la presidenta –"ya lo sabia"–, no por innecesario deja de ser una mera y legítima confirmación verbal de algo a lo que la presidenta del tribunal tenía perfecto derecho a conocer, sin por ello quedar invalidada para juzgar.
Por otro lado, considerar, tal y como hace el Supremo, que ese "ya lo sabía" supone un inadmisible prejuicio de cara a qué significado otorgar a las encomiables palabras que Otegi dirigió a un asesino irredento como José María Sagarduy es el colmo de la impostura: Otegui encumbró a este asesino como un "luchador por la libertad" y equiparó su encarcelamiento con el apartheid sudafricano, entre muchas otras lindezas. Pero lo más delirante de todo es que, en sede judicial, la defensa de Otegi volvió a enaltecer a los terroristas encarcelados calificándolos de "presos políticos vascos".
En fin, que cada día cuesta más atribuir al papanatismo y a la estupidez lo que cada vez apesta más a complicidad con sucios procesos de paz. Más aun cuando no hace ni dos meses una sentencia, no menos vergonzosa, absolvía a Otegi y Permach por los delitos de enaltecimiento perpetrados en Anoeta. Más aun cuando retumban en nuestros oídos las exigencias que ETA ha hecho a nuestro Estado de Derecho en todos sus comunicados de tregua; más aun cuando recordamos las palabras del fiscal general del Estado instando a "que la Ley no sea obstáculo para la paz", o calificando la Ley de Partidos de "Guantánamo electoral", o animando a jueces y fiscales a "ensuciar sus togas con el polvo del camino".