El lío de las listas socialistas de Madrid entre Tomás Gómez y Lissavetzky, ajustando cuentas por el fallido apartamiento del primero en las Primarias del PSM, deja otra vez al descubierto uno de los errores en la construcción de la democracia española. Y no estoy hablando de aquel ideal de Thomas Jefferson que aseguraba que el funcionamiento de los sistemas representativos tendía a la elección de los mejores para el desempeño de los cargos públicos. Y tampoco voy a hacer una comparación con los políticos de otros tiempos, en los que había gente sin capacidad pero en una densidad menor. Me estoy refiriendo a la configuración del grupo de los dirigentes políticos, de la mal llamada "clase política".
En los momentos de aguda crisis económica y social en el siglo XX ha sido frecuente el que las sociedades vuelquen sus críticas, sus frustraciones, sobre los políticos. En ellos se centra el origen y causa de los problemas, amén de considerarlos al margen de las consecuencias de los desastres por ellos producidos. Afloran entonces, como hoy en la situación española, tres claves para entender el desapego ciudadano hacia la "clase política": las prebendas, el sentido oligárquico y la corrupción.
La ciudadanía tiene la certeza de que los políticos son un grupo de personas que crea a expensas del erario público y a través de la ley, un conjunto de beneficios, de privilegios irracionales, que les sitúan injustamente por encima de aquellos a quienes dicen servir. Jubilaciones, prestaciones, dietas, compatibilidades profesionales, acumulación de cargos y sueldos, blindan legalmente a quienes hacen las leyes. Esto es más doloroso cuando los que desempeñan cargos públicos adolecen de forma más que evidente de una formación y experiencia que ampare esas dádivas, y que no soporta una comparación con el resultado que en la vida real del ciudadano común tienen años de estudio y prácticas.
El mismo concepto de "clase política", aparecido a principios del siglo XX de la mano del italiano Gaetano Mosca, marca el hecho de que se les considere un grupo aparte. La elección de los candidatos de los partidos y de los cuadros dirigentes responde a una dinámica ajena al servicio público, sino que se ajusta a la lucha por el poder dentro de la organización, tal y como dijera Robert Michels: es la vieja "ley de hierro de las oligarquías". Esto es lo que ha pasado en Asturias con Álvarez Cascos, y lo que está pasando en Madrid con Tomás Gómez y Lissaveztky. La sensación que dejan asuntos de este tipo es que lo que cuenta es el patriotismo de partido, la obediencia al líder del momento y el servicio a la organización. Las elecciones primarias no son vistas como el desarrollo lógico de la democracia, sino como la solución a un problema interno que evite la "guerra civil" y que, en consecuencia, debilite al Partido frente al Otro.
Y en tercer lugar, la corrupción. El ciudadano da por sentada la existencia de corruptos. Está en el ser humano y se ve como inevitable. Lo que descorazona es la impunidad, normalmente por la debilidad originada por la ley; sí, esa misma ley hecha por los políticos. Es el caso del fraude de Mercasevilla y el "fondo de reptiles", el mayor escándalo en Andalucía desde Juan Guerra por la cantidad de dinero, el alcance de la corrupción y la implicación de cargos de la Junta andaluza. Sin embargo, la sentencia más a pie de calle es que no les pasará nada.
Quizá, al tiempo que se piensa cómo organizar mejor la administración y la economía españolas, habría que modernizar la elección, y aumentar el nivel de exigencia en la competencia y responsabilidad de los que tienen en su mano el entramado administrativo y económico de nuestra democracia.