A estas alturas a nadie le sorprenderá que las chapuzas del Gobierno las acabemos pagando todos los españoles. Así ha sido desde 2004 y así seguirá siendo hasta, con suerte, 2012. En este caso, la última ocurrencia socialista consiste en obligarnos a todos los españoles a ahorrar forzosamente energía reduciendo la velocidad de circulación por autovía. A saber: el Ejecutivo más manirroto de la historia, el Gabinete que más ha hecho por subvencionar y promocionar energías ineficientes y carísimas como las renovables, nos exige ahora a todos los españoles que modifiquemos nuestro modo de vida y que seamos austeros en el consumo de energía porque ésta ha subido mucho de precio.
Huelga decir que se trata, en primer lugar, de un claro ataque a nuestras libertades. Pues no deberíamos olvidar que en economía todos los recursos son escasos: ese no es el problema. La cuestión reside en tomar decisiones a partir de esa escasez: en este caso, de lo que se trata es de que cada uno elija entre ahorrarse una cierta cantidad de dinero y llegar más tarde a su destino o pagar un sobreprecio –muy moderado, dicho sea de paso– y disfrutar de más tiempo con su familia o amigos. Es decir, entre apretar con mayor o menor intensidad el acelerador.
El Gobierno, sin embargo, ha elegido de nuevo por todos. No hay discrepancia ni diversidad posible. Está en el ADN socialista: de la demagogia del prohibido prohibir hemos pasado a prohibirlo todo. Tal es el grado de poder con el que cuentan nuestros políticos: al vicepresidente del Gobierno se le ocurre por los pasillos convertirnos en el país más lento de la Unión Europea, y acto seguido tenemos aprobado un decreto que contiene sus caprichos. Si democracia es separación y, sobre todo, limitación de poderes, desde luego en este país no gozamos de unas instituciones democráticas de muy elevada calidad.
La tragedia es que, como en tantas otras ocasiones, este paquete de medidas restrictivas no conseguirá en absoluto solucionar el problema energético de fondo –problema que en gran medida es responsabilidad directa del Ejecutivo– e incluso es muy probable que llegue a agravarlo. Pero, sin duda alguna, su aprobación sí supondrá una inadmisible restricción de nuestras libertades y un intenso retroceso en nuestra calidad de vida. Dicen que la izquierda es progreso; en España ya deberíamos haber aprendido sobradamente la lección de qué entienden nuestros socialistas de todos los partidos por progreso.