El fracaso del actual plan de rescate europeo estaba cantado. Al fin y al cabo, fue concebido como un mero parche temporal –vigente hasta 2013– para postergar lo máximo posible la inevitable suspensión de pagos de ciertos países miembros. Y es que el proyecto concebido por la UE, el BCE y el FMI para salvar a las economías más débiles parte de un grave error conceptual y estructural: no es posible solventar un problema de deuda añadiendo más deuda. Hasta el momento, las autoridades internacionales tan sólo se han dedicado a refinanciar un endeudamiento que, de partida, ya era insostenible.
Además, las medidas exigidas para que los gobiernos rescatados ajusten sus brutales agujeros presupuestarios se han centrado, por desgracia, en subir de forma generalizada los impuestos sin abordar un drástico recorte de la figura estatal. No obstante, y pese a que el rescate heleno se articuló hace casi un año, Atenas ha tenido la desfachatez de anunciar ahora un programa de privatizaciones de empresas y organismos públicos por valor de 50.000 millones de euros, equivalente a casi el 23% de su PIB. ¿Resultado? El rescate de países ha consistido en una transferencia ingente de recursos por parte de los contribuyentes de los socios comunitarios a gobiernos irresponsables para que éstos sigan manteniendo en pie sus elefantiásicas estructuras estatales sin grandes sacrificios. Y ello, con el único objetivo de salvar a los acreedores, es decir, a los bancos europeos que prestaron erróneamente dinero a estos países.
Con tales mimbres no es de extrañar el actual fiasco. Grecia cerró 2010 con un déficit público del 10,5% del PIB y una deuda superior al 140%. Además, se prevé que su nivel de endeudamiento se aproxime al 160% del PIB en 2011, mientras que en el caso irlandés dicho umbral será alcanzado en 2014. Simplemente, insostenible: imposible de devolver en ausencia de profundas reformas estructurales para impulsar el crecimiento y la aplicación de una histórica dieta a pan y agua para su sector público. El problema es que nada hace pensar que tales recetas vayan a ser asumidas por tales Estados, y mucho menos aceptadas por sus respectivos electores.
Así pues, dejando de lado el caso portugués –cuyo rescate está pendiente de aprobación definitiva, aunque muy probablemente seguirá los pasos de Grecia e Irlanda–, la temida suspensión de pagos inicia su andadura en la zona euro. Un nuevo escenario de cuya resolución dependerá, en gran medida, el futuro de la propia Unión Monetaria tal y como se ha concebido hasta ahora. Alemania parece que, al fin, rechaza seguir pagando la factura de los desmanes cometidos por otros gobiernos, abriendo así la puerta al famoso plan de "quiebra ordenada" de países antes de lo previsto inicialmente (2013).
Sin embargo, tal y como expresó el propio ministro de Finanzas germano, esta opción sólo es posible si Atenas acepta la reestructuración de forma voluntaria. De ahí, precisamente, que la prensa alemana, orientada por Berlín, haya filtrado una hipotética salida del euro de los griegos en un intento por forzar su suspensión de pagos. El mensaje alemán es claro: "Hay algo peor que la quiebra". Y es que, efectivamente, la opción de abandonar al euro sería, sin duda, el peor de los mundos posibles para los helenos: corralito financiero y devaluación brutal de sus ahorros y de su escasa riqueza.
Pero el escenario del default abre también nuevas incógnitas. La principal, su coste; no sólo para los bancos extranjeros sino también para los nacionales. No obstante, la quiebra de Atenas supondría el colapso de su banca y abultadas pérdidas para los incautos particulares que confiaron en su Gobierno. Además, dado el volumen de préstamos concedido por el Banco Central Europeo (BCE) a la banca y gobierno helenos, una quita del 50% abriría en su balance un agujero próximo a los 100.000 millones de euros, con lo que también precisaría de un rescate.
Por su parte, el caso de Irlanda radica en su problema bancario. Dublín y Bruselas son ya plenamente conscientes de que el enorme volumen de activos tóxicos será imposible de digerir para las cuentas públicas con lo que, de mantenerse el actual plan, el país también se verá abocado a la bancarrota. Así pues, la lenta agonía de los PIGS continúa, ya que las medidas aprobadas sólo se centran en los efectos de la crisis de deuda sin rozar tan siquiera la raíz: el vergonzoso rescate público de la banca, el asfixiante peso estatal sobre la economía, los históricos desequilibrios presupuestarios, las subidas de impuestos, la ausencia de serios recortes públicos y la falta de inéditas reformas para impulsar el crecimiento.