Día de composición de ayuntamientos este sábado, con el centro de Madrid en estado de semi-sitio y las fuerzas de seguridad conteniendo el aliento por toda España. La situación de orden público, desde hace un mes, se ha ido deteriorando progresivamente. Desde el día 15 de mayo, las infracciones, faltas, y delitos cometidos por los llamados "indignados" han ido creciendo exponencialmente, en gravedad y extensión geográfica, conforme su impunidad aumentaba. Someramente, podemos destacar algunos, varios tipificados en el Código Penal:
- Las relacionadas con la obstaculización de la vía pública y la ocupación ilegal y por la fuerza de plazas del centro de las ciudades.
- Las relacionadas con la desobediencia a la autoridad y a los requerimientos de las fuerzas de seguridad.
- Las relacionadas con el asalto o intento a instituciones privadas –bancos, supermercados, CEOE– y públicas –televisiones–, incluidas sedes parlamentarias en Madrid y Valencia.
- Las relacionadas con el procedimiento electoral: vulneración premeditada de la jornada de reflexión y del día de elecciones, o insultos y amenazas a cargos públicos.
- Las relacionadas con los insultos, vejaciones y amenazas a los miembros de las FSE, que incluye la toma de datos de vehículos policiales o particulares. Por supuesto, la agresión a los agentes.
- Las relacionadas con las normativas municipales, relacionados con sanidad, alimentación, uso de espacios públicos para fines privados etc.
En el caso de las acampadas, el Ministerio de Interior renunció a impedirlas al comienzo y las dejó crecer después, premeditada o imprudente. No se establecieron filtros que impidiesen introducir material de obra, no se detuvo a los organizadores, y en pocos días la cosa degeneró en comunas chabolistas bien organizadas para impedir el desalojo. Aún hoy, no hay controles sobre qué o quién entra allí. Pero aún difícil, el desalojo no ha sido siempre imposible: varias veces en las últimas dos semanas podía haberse realizado en Madrid, y de hecho las fuerzas de seguridad tenían planeado el dispositivo para hacerlo de madrugada con todas las garantías. Rubalcaba no lo quiso.
Someramente, los acampados se dividen en tres grupos, vagabundos al margen: los que estaban fichados de antemano como miembros de colectivos "okupas" y marginales; los que han sido identificados estos días como cabecillas de las asambleas y algaradas, vinculados a sindicatos, páginas webs y organizaciones de extrema izquierda; y un grupo más amplio de radicales, militantes e ingenuos que secundan sus llamadas. Si bien este último grupo es más numeroso y problemático de controlar, los dos primeros han sido y son fácilmente desactivables. La detención selectiva y la puesta a disposición judicial de los dirigentes no suponen excesivos problemas, máxime en un asunto que dura semanas y que los desgasta. Rubalcaba no lo ha querido.
Cuestión distinta es la convocatoria de concentraciones abiertamente ilegales, como el cerco al Congreso de los Diputados de Madrid, las Cortes Valencianas o las comisarías. Las concentraciones se difunden por las redes sociales. También aquí se constata que el grupo organizador no pasa de dos decenas de personas –algunas presentes físicamente en las acampadas–, que convocan e incitan a cometer actos delictivos. A través de sus cuentas en las redes sociales, direcciones IP y dispositivos móviles, o a través de servidores de determinadas webs son fácilmente identificables, si no lo están ya. Tampoco nada se ha hecho por aquí.
Estas labores de información y prevención, no se han activado, pese a que en algunos lugares como el País Vasco este procedimiento selectivo en relación con el orden público ha dado excelentes resultados. En lugar de eso, Rubalcaba está lanzando a las UIP (Unidades de Intervención Policial) a encerronas previsibles. En Valencia –como en Barcelona los mossos–, la policía se encuentra con una pinza: por un lado los agentes son presionados, provocados e insultados gravemente por los "indignados", mientras se rompen sus cordones y dispositivos, que después levantan las manos para ser fotografiados como víctimas. Por otro lado, Rubalcaba no aborta a tiempo las algaradas, y permite la vejación de los miembros de la policía, a los que además se amenaza con denuncias por aspectos ridículos, como no identificarse correctamente. Y es que una de las peores secuelas de estos acontecimientos es la aparición de métodos de acoso legal hacia los miembros de las FSE, que hasta ahora sólo se había ensayado en círculos batasunos.
Tanto en Barcelona como en Valencia los números policiales se vieron desbordados, actuaron cuando no cabía más remedio, avisando y con la menor violencia posible. En la ciudad del Turia tampoco hubo "carga" como alegremente recogieron los medios. De hecho se recuerdan pocas intervenciones de las UIP más selectivas y limpias que la de Valencia, lo que no ha librado a los agentes de críticas tan injustas e irresponsables como la de González Pons. En Madrid, los "indignados" aún provocan a las FSE en busca de notoriedad.
¿Por qué Rubalcaba no ha actuado según su deber, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley? ¿Por qué no ha activado todos los instrumentos contra los piqueteros, y deja a la policía vendida ante la propaganda? No es por incapacidad: como hemos visto, existen mecanismos que no se han utilizado porque el Ministerio del Interior ha dado instrucciones de no usarlos. Rubalcaba no quiere. Esa es la cuestión, porque de hecho impedir o no impedir que los "indignados" actúen le confiere hoy un poder que sin ellos no tendría. A fin de cuentas, es él el que está decidiendo si un acto se celebra o no, si la normalidad se rompe o no, y dónde los "indignados" pueden irrumpir y dónde no. Y lo hace arbitrariamente, porque si no hace cumplir siempre la ley, es que la cumple a su antojo. En el fondo, da igual que los indignados no lo quieran o no lo sepan, pero son el instrumento en la calle del poder del ministro. En verdad son la Columna Rubalcaba.