En casi todos los rincones de Cataluña se pueden encontrar estos días banderolas de propaganda electoral de CiU. Aparece en primer plano una foto de perfil del rostro de Duran, candidato de CiU por Barcelona y secretario general de UDC, e inmediatamente detrás la de Mas, president de la Generalitat de Cataluña y secretario general de CDC. Al fondo, las barras de Aragón y debajo el lema de campaña: "nuestra fuerza" ("la nostra força"). En los anuncios de televisión, se ve a Duran avanzar sonriente entre un mar ondeante de señeras, una imagen que remite a los actos de exaltación patriótica propios de los regímenes totalitarios. Sólo les falta ya incluir en su parafernalia mitinera estandartes coronados con el burrito autóctono.
¿Quién se esconde detrás de tantas banderas al viento y "canigós" nevados? Dos tremendos caraduras. No es una exageración afirmar que CiU, la coalición que gobernó Cataluña desde 1980 hasta 2003 y volvió de nuevo al gobierno de la Generalitat tras ganar las elecciones autonómicas el 27 de noviembre de 2010, ha administrado Cataluña como si de una empresa patrimonial se tratara. Y buena prueba de ello es que los dos partidos que la integran ocupan, desde la reinstauración de la democracia constitucional en 1978, lugares muy destacados en el medallero de la corrupción política.
O eso se desprende de los autos con los que jueces, al decir de Duran y Mas, les martirizan. En los casos Turismo y Pallerols se han visto envueltos algunos de los más altos cargos de UDC como Ignaci Farreres, presidente del Consejo Nacional, y Josep Sánchez Llibre, secretario general de organización, y han sido imputados varios militantes que ocupaban cargos en la dirección nacional entre 1994 y 1999. En ambos casos, importantes cantidades de dinero público provenientes del Consorcio de Turismo y la Consejería de Trabajo se desviaron entre 1990 y 2001 para financiar a UDC empleando empresas interpuestas propiedad de militantes y simpatizantes del partido. En el caso Pallarols, se cifra en el 10% el porcentaje del montante de subvenciones irregulares concedidas que iba a parar a UDC.
El caso Palau resulta incluso más escandaloso por la continuidad y magnitud del expolio, y porque afecta directamente a la credibilidad del presidente Mas. Daniel Osàcar, uno de los principales imputados, fue su secretario personal (2000-2005) y el tesorero de CDC y de la fundación del partido desde 2005 a 2011. En esta trama, el presunto desvío de fondos hacia CDC lo canalizaba Fèlix Millet, entonces todopoderoso director del Consorcio del Palau y presidente de la Fundació Orfeó-Palau, que se encargaba de "recaudar" el porcentaje acordado (4%) con algunas empresas a las que el gobierno catalán había adjudicado obras públicas durante los años en que Mas ocupó diversas consejerías –Política Territorial y Obras Públicas, 1995-1997; Economía y Finanzas, 1997-2001; y primer consejero, 2001-2003– en los gobiernos presididos por Jordi Pujol. Una parte de los fondos amasados por Millet se trasferían luego a la fundación Trías Fargas (rebautizada CatDem) o se destinaban a pagar facturas remitidas al Palau por empresas que habían prestado servicios de mercadotecnia electoral a CiU.
El silencio de los imputados ha permitido a Duran, Mas y Pujol esquivar a la justicia hasta el momento, aunque resulta inconcebible que los máximos responsables de UDC y CDC ignorasen cómo se financiaban sus partidos. Que a pesar de estos escándalos CiU ganara con holgura las últimas elecciones autonómicas revela que hay estómagos agradecidos, y estómagos vacíos que esperan estar agradecidos. Aunque me temo que el vacío de la mayoría de sus votantes está más en la cabeza que en el estómago.