¿Qué va a pasar ahora, después de los resultados de las autonómicas andaluzas, con las reformas económicas que tiene que hacer este país? Rajoy dice que éstas continuarán, pero la Unión Europea no las tiene todas consigo y va a enviar a España una misión de expertos para comprobar si nuestro país cumple con los objetivos que tiene que cumplir. La verdad es que, por mucho que nos duela en nuestro orgullo como españoles, lo mejor que nos podría ocurrir es que la UE esté encima de nosotros como si se tratara de Grecia porque los resultados que arrojaron las urnas el pasado domingo suscitan dudas acerca del compromiso del Gobierno con dichas reformas.
Si el PP hace la lectura de que no consiguió mayoría absoluta en las elecciones andaluzas como castigo por haber aprobado la reforma laboral, se equivocará de plano.
Más bien tendría que preguntarse por qué muchos de sus votantes en las elecciones generales del pasado año se quedaron en casa, porque la respuesta puede estar en aquello de “al suelo, que vienen los nuestros”, que es lo que muchos pensaron después de la subida del IRPF que aprobó el Gobierno nada más llegar al poder y de que la justificara diciendo que había pasado a los socialistas por la izquierda.
Posiblemente ahí reside la razón fundamental de haberse quedado tan lejos de la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.
La cuestión es que, después de los resultados electorales en Andalucía, la izquierda se ha envalentonado de cara a la huelga general. Eso, sin embargo, no es lo peor. El día 29 de marzo se aguanta el tipo si la huelga tiene cierto éxito y al día siguiente se sigue gobernando. El problema que va a tener que afrontar realmente el Gobierno es otro.
El gobierno de izquierdas andaluz va a ser el que tenga que administrar los recortes en
el gasto público que le vengan impuestos desde Madrid para cumplir con el objetivo de déficit que le ha sido asignado a Andalucía. Teniendo en cuenta como están los asuntos presupuestarios allí, con la Junta que debe dinero por todas partes y con una corrupción galopante, el ajuste fiscal va a tener que ser duro y, si el Gobierno regional se niega a hacerlo, como se negará, entonces se arriesga a que Madrid le congele las transferencias y se niegue a autorizarle o avalarle emisiones de deuda pública. La cuestión es si el Ejecutivo central se atreverá a tanto.
Si los socialistas muestran un poco de inteligencia, pueden paralizar servicios públicos esenciales y acusar a Madrid de negarse a darles dinero para financiarlos simplemente porque quiere acabar con el socialismo. Incluso, pueden querer declararse en rebeldía contra las reformas que apruebe el Gobierno central y llamar a la movilización contra las mismas. ¿Qué hará entonces Rajoy? ¿Parar las reformas? ¿Obligar al Gobierno
andaluz a hacer lo que debe hacer? ¿Suspender la autonomía? Esas son las dudas que ahora tenemos todos.