Narciso enamorado o Narciso desencadenado. El egotismo de Sánchez es ilimitado y ha decidido abrir un nuevo género literario-político en forma de Epístola a los corintios españoles. San Pablo de Tarso perseguido. Sánchez es un ejemplo de hasta dónde puede llegar la egolatría y la morbidez política en un país como España que desde hace algunos meses ha perdido el rumbo. Del discurso del Rey hemos pasado a la epístola del emperador. Pues bien, no es de recibo que un Presidente redacte cartas emocionales como un adolescente ni convierta, todavía más, la política en un sumidero de emociones confusas. La victimización es un recurso paupérrimo pero que surte un efecto formidable en una izquierda sociológica que hace de la nostalgia y del enfrentamiento su principal vía de movilización. Y a fe que lo consiguen.
Ignoro si el amor de Narciso es tan intenso como para dejar la Presidencia del Gobierno. Probablemente, no sea así, aunque no pretendo hurgar en los sentimientos de alcoba de una pareja, por mucho que sea el Presidente del Gobierno de España. Ese amor declarado como un impúber en una carta de adolescencia estudiantil quizá debería haberlo dirigido de otra manera desde el primer momento. Begoña Gómez cometió un error infantil, con el beneplácito de su marido, y es aceptar responsabilidades que no son acordes con su formación y experiencia. Eso siempre se ha llamado nepotismo, no ilustrado, y ha existido siempre a izquierda y a derecha. A partir de ahí, cualquier intervención mediata o indirecta en un expediente administrativo levantaría inevitablemente sospechas, salvo que la anestesia de la impunidad hubiese narcotizado al matrimonio. Era inevitable que esto ocurriese.
A fecha de hoy, es opinión generalizada que la esposa del Presidente Sánchez, de no haber sido su esposa, no habría obtenido direcciones de cátedras ni otros proyectos estratégicos financiados con fondos públicos o privados. No es machismo. Diría lo mismo si la Presidenta del Gobierno hubiera sido una mujer y su esposo el beneficiario de unas atribuciones que no le corresponden ni por conocimiento ni por reputación. Ejemplos de estas prácticas hay en todos los partidos políticos lamentablemente. Si ya es lacerante aprovecharse de una posición de ventaja, hay que ser muy necio para intervenir en determinadas actuaciones administrativas. No hay nadie a los mandos. O es ingenuidad o es impunidad. O una combinación grosera de ambos factores.
Que un juzgado inicie diligencias previas a partir de una denuncia razonada entra dentro de la lógica de la praxis forense. Evidentemente no puedo prejuzgar si se ha cometido un delito o no de tráfico de influencias. La instrucción del procedimiento dirá. Pero una vez más, Sánchez, especialista en la destrucción de Montesquieu, confunde osada y espuriamente los tres poderes, aunque sea por consanguinidad o por matrimonio. Si un juzgado instruye un procedimiento judicial, se convierte en una actividad lesiva en el credo socialista, y comienzan todos a corear la salmodia del lawfare. Es una forma pretenciosa y pueril de estigmatizar la potestad jurisdiccional en su plena autonomía funcional, y comienza la sugestiva idea de atacar al poder judicial a través de la política de las emociones. Una práctica burda y tremendamente leonina y temeraria.
Por eso, no es descartable que el lunes nos regale Sánchez el anuncio de una cuestión de confianza (artículos 112 y 114 de la Constitución) para intentar contrarrestar la acción independiente de un órgano judicial con un refrendo parlamentario conformado por el frente de aliados necesitados de que continúe. Bastaría la mayoría simple de Congreso de los Diputados para validar su cuestión y permitir su continuidad. Ahora bien, de presentarla, estaría estrangulando el espíritu de la Constitución como ha hecho con la proposición de Ley de Amnistía, porque la causa de la presentación sería radicalmente nula o torpe en vocabulario jurídico. Las cuestiones de confianza están ligadas a la solicitud de apoyo para determinadas políticas públicas de interés general que requieren de una consideración extraordinaria. Así lo hicieron Suárez y Sánchez para buscar respaldo a sus políticas de desarrollo autonómico o para sus programas económicos en momentos de especial gravedad. La cuestión de confianza obedece a una razón de interés general pero nunca a una razón de interés singular o particular basada en la posible comisión de irregularidades por el cónyuge de un presidente. No sé si Bolaños, Montero, Cerdán o López son capaces de explicarle esto al Presidente. Probablemente no lo sean. Pero bien haría la oposición en cerrar el paso a esta vía desde el primer momento para evitar un nuevo uso torticero de la Constitución.