Ya están aquí las subidas de impuestos del Gobierno socialcomunista encabezado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hace poco más de una semana, María Jesús Montero presumía de que el Ejecutivo tenía prácticamente listas la tasa Google y la tasa Tobin, y por lo visto andan con prisas, pues el anteproyecto de marras fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes y será el primer mazazo fiscal de la coalición PSOE-Podemos.
Mientras se explayaba con los detalles de esos nuevos impuestos, la ministra de Hacienda tuvo la desfachatez de asegurar que no iban a afectar a los consumidores. "No tiene por qué repercutir en ningún tipo de servicio final. De ninguna manera", afirmó, y tuvo el cuajo de despreciar la evidencia empírica que muestra que las subidas tributarias conllevan un aumento del coste de producción para las empresas, lo que incide directamente en los precios. Con descaro, Montero llegó a acusar a "algunos" de querer "asustar" a los ciudadanos. Como si les hicieran pruebas falsas para asustarse. ¡Si hasta el propio Sánchez confesó célebremente que los españoles no podrían conciliar el sueño con Podemos en el Gobierno!
Las tecnológicas han salido en tromba contra una medida que va a perjudicar a muchas más empresas de las que los socialistas pretenden hacer creer. La obcecación del Gobierno Sánchez le ha llevado a sacar adelante este impuesto en solitario, sin apoyos europeos, y le va a granjear numerosos problemas; pues no va a ser un mero sablazo a compañías como Facebook, Apple o Amazon: gravar con un 3% a multinacionales que ofrecen servicios gratuitos a pymes y particulares pone en peligro esa gratuidad y a los pequeños negocios que se benefician de ella. Tan es así que la pérdida de bienestar que experimentarán los consumidores por el incremento de los precios se estima que se moverá entre los 515 y los 665 millones de euros.
Pensar que las compañías no van a reaccionar ante cualquier medida que suponga una merma de sus beneficios denota una completa ignorancia de la realidad empresarial. Con la tasa Tobin ocurrirá lo mismo. El objetivo del Gobierno es penalizar con un impuesto del 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas que lleva a cabo el sector financiero. Esto implica aumentar la presión fiscal a la banca, que no está pasando por su mejor momento, con unos bajos niveles de rentabilidad e inmersa en una reestructuración que contempla el cierre de numerosas oficinas y el despido de miles de personas. En el sector también alertan de que esta tasa supondrá un duro castigo para el pequeño ahorrador, que acabará asumiendo parte del coste de los 850 millones que pretende recaudar el Gobierno. Además, su implantación tendrá otro efecto perverso, ya que deja fuera del impuesto a la inversión en derivados y otras opciones, lo que incentivará al consumidor final a invertir en productos más complejos para sortear a Hacienda. Justo el efecto contrario de la protección al consumidor que PSOE y Podemos se jactan de buscar.
Montero presume de nuevos impuestos que no van sino a perjudicar a la ciudadanía y dañar la estructura productiva del país. Además, la tasa Google y la tasa Tobin ahuyentarán las inversiones tecnológicas y dejarán a España con una gran desventaja competitiva respecto al resto de los mercados. Las consecuencias serán funestas.
Y esto no ha hecho más que empezar.