Conocida es la sentencia que, en un discurso ante el Parlamento Europeo, pronunció en 1995 François Mitterrand, a la sazón presidente de la República Francesa: "¡El nacionalismo es la guerra!" Mitterrand evocaba entonces su propia experiencia: nacido durante la Primera Guerra Mundial, había participado en la segunda; y recordaba una "infancia con familias desgarradas que lloraban a sus muertos y guardaban rencor y a veces odio contra el enemigo de ayer". En el curso de su historia —les dijo a los eurodiputados— Francia estuvo en guerra con todos los países de Europa menos Dinamarca; siempre en nombre de un nacionalismo que transmitía el rencor y negaba las virtudes humanitarias. Mitterrand consideraba que la Unión Europea, que él había ayudado a construir, prometía "un porvenir más brillante fundado en la reconciliación y la paz". Pero, consciente de la fragilidad de tan nobles principios, advertía a los representantes allí reunidos de que "la guerra no es solo el pasado, puede ser también nuestro futuro".

De que la guerra puede acabar siendo nuestro futuro dan testimonio los múltiples conflictos que, desde la década de 1960, se han desencadenado en nuestro mundo europeo —no olvido los países aledaños en el Oriente Próximo o en el África mediterránea—, siempre contiendas civiles en nombre de naciones irredentas fruto del cultivo de la pequeña diferencia. Es este nacionalismo periférico y localista el que ha ido alcanzando altos vuelos, casi siempre defendiendo o reclamando privilegios. En muchas partes —en España, en Italia, en el Reino Unido, en Canadá— ese ha sido, además, el nacionalismo de los ricos contra los pobres.

Pero vayamos a lo nuestro, a los particulares nacionalismos que, en España, atenazan la convivencia porque, finalmente, han adquirido una deriva independentista con la que pretenden subyugar a una mayoría de ciudadanos que desean seguir siendo españoles. Están, es claro, en el País Vasco y Navarra, donde además heredan los frutos políticos de medio siglo de terrorismo. Y en Cataluña, donde en menos de una década han transitado desde el autonomismo a un independentismo implacable que se sublimó con una declaración de independencia que, de momento, sólo podemos considerar provisionalmente suspendida. Y también, aún en un estado incipiente, en las dos regiones catalanoparlantes del arco mediterráneo. En todos esos casos, con una ayuda más o menos entusiasta de la izquierda —tal vez porque ésta, huérfana ya de cualquier atisbo socialdemócrata, los considera como una manifestación genuina del progresismo—, los nacionalistas dicen hablar en nombre de toda la sociedad, incluso a pesar de que, en todos los casos, tanto los votos como las encuestas de opinión les señalan como minorías —a veces, amplias, es cierto, pero en ningún caso lo suficiente como para arrogarse la representación de todos los vascos o los catalanes, menos aún de los valencianos y baleares—.

Ese afán totalizante de encarnación de la sociedad se encuentra en la base de uno de los mayores ataques contra la libertad que se viven actualmente en España, en especial en las regiones gobernadas por nacionalistas. Baste observar los conflictos que surgen por razón de la lengua —como si alguien tuviera el poder de imponerla— o de la simbología política —como si todos hubieran de seguir al mismo borrego— o de las opiniones sobre asuntos públicos —como si hubiera un único pensamiento y éste fuera obligatorio—. Ataques a la libertad que se plasman en hechos de violencia física y simbólica ante los que sólo cabe o la sumisión o la resistencia. Hannah Arendt, en su estudio sobre la banalidad del mal, ya advirtió de esto señalando que, aunque muchos, la mayoría, se someten —casi siempre en silencio, porque el miedo a hablar infecta a la sociedad—, algunos no se doblegan jamás. Son éstos los que nos permiten albergar aún la fe en la humanidad. Y son ellos a los que, quienes no estamos sometidos por vivir en lugares en donde se puede hablar sin miedo, hemos de apoyar en su lucha por la Libertad.

"España lidia … por su Libertad, que es la hipoteca de tantos y tan sagrados derechos", escribió Jovellanos en una conocida carta que, en 1808, escribió a Cabarrús. Lidiar por la Libertad es también hoy una necesidad y una obligación ineludible al enfrentar a los nacionalismos periféricos porque éstos —además de las identidades ideológicas que tanto se cultivan hoy en la izquierda— son pretendidas fuentes de derechos particulares, de privilegios que diferencian a unos en detrimento de otros, de desigualdades en suma. Por eso mismo, la reclamación de la Libertad está unida a los valores republicanos que recibimos de la Revolución Francesa y que, en España, no terminaron de solidificarse hasta la aprobación de la Constitución de 1978. Unos valores que se sintetizan en el lema aprobado por la Convención Nacional en mayo de 1793: "Unidad e indivisibilidad de la República; Libertad, Igualdad y Fraternidad".

Sin embargo, no somos ingenuos y sabemos que llegamos tarde, que la batalla puede estar perdida y que nuestro tiempo es, sin duda, el de los falsos profetas. Por eso, a la apelación a los grandes principios hay que darle un toque de pragmatismo. Ello, en el caso del combate contra el nacionalismo, no significa buscar cómo darle satisfacción —ni inmediata, ni poco a poco, como han hecho los desnortados apaciguadores que nos han gobernado en los últimos lustros—, sino más bien indagar en la manera de someterlo a las reglas del procedimiento democrático. Los dos consejos que extrajo Stephane Dion de su exitosa experiencia de reconducción del separatismo quebequés en Canadá, son relevantes a este respecto: el primero, que hay que dejar de hablar con suavidad a los nacionalistas, dejándoles claro que sus sentimientos —patrióticos o no, poco importa— no son bajo ninguna circunstancia una fuente de derechos; y el segundo, que hemos de reconocer públicamente que los nacionalistas pueden salir ganando —y que, por tanto, negar que la independencia de Cataluña o del País Vasco no es posible porque no es legal, constituye una solemne estupidez—.

Armados con ellos —con esos consejos— exijamos a los nacionalistas que se sometan al procedimiento democrático y que, bajo él, se constate si es verdad que son ellos los que representan a la inmensa mayoría de vascos y catalanes en su afán de independencia. La propuesta que, a este respecto, hizo hace años José María Ruiz Soroa en su contribución al libro coordinado por Joseba Arregi La secesión de España (Tecnos, Madrid, 2014) es muy pertinente. Su idea principal es la siguiente: puesto que la Constitución reconoce a las Asambleas Autonómicas la capacidad para proponer reformas constitucionales —y la secesión implica una reforma constitucional—, pueden regularse el procedimiento a seguir por esas propuestas y las mayorías de apoyo que les sean exigibles —tanto en el parlamento autonómico, como en una ulterior consulta a la población afectada, acordada y gestionada desde el parlamento español— para que el Estado democrático, representado en el Congreso de los Diputados, siguiendo el principio democrático, debiera aceptar su debate, negociar su contenido y encauzar la resolución correspondiente por la vía de reforma establecida en la Constitución —que en todo caso exigiría su aceptación por el pueblo español en tanto que depositario de la soberanía—.

Libertad y Democracia son las armas principales contra las pretensiones, no sólo independentistas, sino totalitarias, de los dos nacionalismos, el vasco y el catalán, que han arraigado en el solar español. Si con ellas, amparados en la Constitución y la Ley, no logramos reconducir el conflicto secesionista, el nacionalismo, como recordó Mitterrand, será otra vez la guerra. ¿Nada nuevo? Tal vez, porque si en los siglos XIX y XX los españoles nos atizamos en unas cuantas contiendas civiles, ahora nada impide pensar que pudiéramos volver a hacer lo mismo.

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