Permisos a inmigrantes con antecedentes

Ramón Villota Coullaut

Incluso se están dando permisos a ilegales que se encuentran en tercer grado.

Ramón Villota Coullaut | 2004-08-24
Hace falta ver en que queda el anuncio de Consuelo Rumí, pero los indicios no son buenos. Desde la Secretaria de Estado de Inmigración ya se ha anunciado que los "papeles para todos" serán una realidad en un futuro cercano –algo sobre lo que ya estaba especulando desde hace algún tiempo-, y ya se ha ordenado a la Armada que no intercepte los barcos en los que las mafias de la inmigración hacinan a varios cientos de inmigrantes para obligar al país de acogida a admitirlos, aunque sea provisionalmente.
 
Si a esto añadimos que en la actualidad hay miles de expedientes de renovación de residencia renovados por silencio administrativo -3 meses sin contestación de la administración y se admite la renovación- y que últimamente se están admitiendo las renovaciones incluso con sentencias penales condenatorias, el problema de la inmigración y del denominado "efecto llamada" va a ir en aumento. Así, si antes no se admitían las renovaciones con la existencia de antecedentes judiciales, ahora la situación práctica es que si la sentencia penal no es firme no hay antecedentes. Por tanto, se están admitiendo renovaciones de condenados en primera instancia con recursos cuya única idea es la de ganar tiempo para que la renovación de papeles se produzca. Incluso se están dando permisos a ilegales que se encuentran en tercer grado.
 
Y dentro de unos meses llegará la regularización extraordinaria de quienes puedan demostrar que han trabajando en España. Esto va a ocasionar, como es lógico, el florecimiento de auténticas bolsas de fraude, con falsos empresarios que intentarán fingir la existencia de unas relaciones laborales inexistentes, bajo pago de un precio a cargo de esos inmigrantes a quienes se intenta ayudar. ¿De verás alguien se puede creer que quien ha tenido trabajando a algún ilegal va a dar ese paso? Posiblemente no lo haga, ni aunque anuncien que no habrá sanciones, quien realmente tiene una empresa creo que no dará ese paso. Pero, en cambio, florecerá el mercado clandestino de contratos de trabajo, con falsos contratos de trabajo que no existen más que para obtener el ansiado permiso. Así, pagaremos la "picaresca" entre todos. Porque muchas veces el falso empresario que contrata ilegales no lo hace por no encontrar españoles o extranjeros con papeles –y, por tanto, con todos los derechos de los españoles-, sino por no querer contratarlos de acuerdo a unas condiciones laborales y a unos salarios ya establecidos legalmente. Y ese falso empresario seguirá contratando ilegales.
 
Además, no debemos olvidar que la Unión Europea manifiesta que la inmigración ilegal requiere de una política común, una política común que se irá al traste si España utiliza un procedimiento de regularización extraordinario. Sigue diciendo la UE, en un texto de la Comisión del 2000 que el "análisis de la situación actual de los flujos migratorios de la UE sugiere la necesidad de adoptar un enfoque diferente de la inmigración legal, más flexible y común a todos los Estados miembros. Tal política de inmigración proactiva debería basarse en el reconocimiento de que las presiones migratorias continuarán y de que una inmigración ordenada puede beneficiar a la UE, a los propios emigrantes y a sus países de origen. En varios Estados miembros se ha iniciado ya la apertura de vías para la inmigración con fines económicos, para cubrir necesidades urgentes tanto de trabajadores cualificados como no cualificados". Justo lo contrario es iniciar las vías de otro procedimiento extraordinario a estas alturas, cuando existe una legislación de extranjería que tiene la obligación de velar para que entren los trabajadores extranjeros que realmente sean necesarios.
 
Así, si vamos hacia unas políticas de inmigración con cuotas anuales de emigrantes en sectores específicos –cuestión que se ha intentado imponer con la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida como ley de extranjería-, con antecedentes en las políticas migratorias de países como EE.UU., Canadá o Australia, es un retroceso que abramos un nuevo proceso de regularización extraordinario, que no va a ayudar –en cambio, va a perjudicar- nuestra política migratoria y la de toda la Unión Europea.